La Justicia federal procesó al inspector de la Policía Federal Argentina, Nicolás Emanuel Céspedez, por la agresión sufrida por la jubilada Beatriz Blanco durante la marcha de jubilados realizada el 12 de marzo de 2025 frente al Congreso Nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El hecho, ampliamente documentado por registros fílmicos y testimonios, ocurrió cuando Blanco, de 82 años, fue empujada por el policía y rociada con gas pimienta, lo que le provocó un traumatismo encefalocraneano y una herida cortante en la región occipital, requiriendo atención hospitalaria inmediata.

La jueza María Servini, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1, consideró que existían elementos suficientes para atribuirle a Céspedez el uso desmedido y arbitrario de la fuerza, agravado por su función como miembro de una fuerza de seguridad. En su fallo, la magistrada destacó que "no hace falta ver su documento de identidad para notar su fragilidad", y que la reacción del policía "podría haberse evitado ejerciendo algún otro medio disuasivo no violento". El procesamiento incluyó un embargo de 40 millones de pesos y la obligación de informar sus movimientos, aunque fue eximido de prisión preventiva.

Durante la investigación, la versión policial que intentó responsabilizar a la víctima fue desestimada por la justicia, que se basó en videos, testimonios de periodistas y manifestantes, y peritajes médicos. Blanco, en declaraciones públicas, expresó su satisfacción por el avance judicial y denunció intentos de encubrimiento: "La policía quiso mentir. Decían que yo había agredido, pero se veía clarito cómo me habían pegado a mí". La jubilada también relató las secuelas físicas que le dejó el episodio y reafirmó su compromiso de seguir participando en movilizaciones.

El caso se inscribe en una investigación más amplia sobre el accionar de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones sociales, en un contexto de creciente conflictividad por la reforma laboral y recortes sociales. Organizaciones de derechos humanos y sociales celebraron el fallo como un avance contra la violencia institucional y reclamaron la revisión de los protocolos de actuación policial en protestas públicas. La resolución judicial reaviva el debate sobre el equilibrio entre el mantenimiento del orden público y la protección de los derechos ciudadanos, en un escenario de alta tensión social y política.