La Justicia argentina avanza en una investigación por presunto lavado de activos y ocultamiento de bienes que involucra a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El epicentro del caso es una lujosa mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar, que cuenta con helipuerto, caballerizas y una colección de más de 50 vehículos de alta gama. La propiedad figura a nombre de Real Central SRL, cuyos titulares son Luciano Pantano, exdirigente de futsal, y su madre Ana Lucía Conte, ambos con antecedentes económicos modestos.

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky ha solicitado a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) el listado de pilotos y vuelos que operaron en el helipuerto de la mansión, mientras que la Policía Federal secuestró cédulas azules y pólizas de seguro de vehículos que vinculan a familiares del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Entre los objetos hallados en la propiedad se encuentran un bolso con el nombre de Toviggino y placas de reconocimiento de la AFA, lo que refuerza la hipótesis de que el inmueble podría pertenecerle en los hechos.

La investigación se amplió tras la denuncia de la Coalición Cívica, que señala la posible utilización de sociedades pantalla para ocultar bienes de alto valor económico y fondos provenientes de actividades ilícitas. El Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), intimó a la AFA y la Superliga a presentar explicaciones sobre gastos e inversiones por más de 450 millones de dólares, advirtiendo sobre posibles sanciones económicas y penales en caso de incumplimiento.

El entramado societario incluye empresas radicadas en Santiago del Estero y Buenos Aires, con movimientos de acciones y capitales que han despertado sospechas entre los investigadores. La causa, que inicialmente estuvo a cargo del juez federal Daniel Rafecas, fue derivada al fuero penal económico, donde se profundiza la pesquisa sobre lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El caso ha generado preocupación en el ámbito futbolístico y político, con llamados a ampliar la investigación y sumar a más dirigentes y socios sospechados. El impacto reputacional y legal para la AFA y sus directivos podría ser significativo, en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia y el manejo de fondos en el fútbol argentino.