La justicia federal de San Isidro dispuso el congelamiento de todos los bienes del exdiputado libertario José Luis Espert por un plazo de 90 días, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. La medida, ordenada por el juez Lino Mirabelli a pedido del fiscal Fernando Domínguez, alcanza no solo a Espert sino también a su esposa, familiares y sociedades vinculadas, como Varianza S.A.

La investigación se centra en la transferencia de al menos 200.000 dólares realizada por el empresario Fred Machado, actualmente extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de activos. Según la resolución judicial, se detectaron numerosas irregularidades en las declaraciones juradas de Espert, incluyendo cuentas y bienes no declarados, facturación alterada y la posible utilización de familiares como testaferros. El patrimonio del exlegislador habría experimentado un crecimiento significativo que no se corresponde con sus ingresos declarados.

Un punto clave de la pesquisa es el contrato de servicios profesionales firmado por Espert con la firma guatemalteca Minas del Pueblo SA, que preveía pagos por hasta un millón de dólares. Los investigadores consideran que este acuerdo podría haber servido para justificar anticipadamente fondos de presunto origen ilícito. Además, se secuestró documentación relevante en allanamientos realizados en domicilios y estudios contables vinculados al entorno de Espert.

La causa judicial cobró notoriedad durante la campaña electoral bonaerense de 2025, cuando Espert era candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza. Tras la difusión de la investigación y la presión política, Espert presentó su renuncia, respaldada por el presidente Javier Milei, en un intento por mitigar el impacto electoral y preservar la imagen del oficialismo.

El caso involucra también a otros actores políticos y empresariales, y se conecta con expedientes judiciales relacionados con sociedades offshore y operaciones financieras sospechosas. La justicia busca preservar el estado patrimonial existente y evitar maniobras que puedan frustrar el recupero de activos de origen ilícito. Mientras tanto, el proceso avanza con nuevas medidas probatorias y mantiene el secreto de sumario en algunos aspectos clave.

La repercusión del caso ha generado debates sobre la transparencia en la política argentina y la efectividad de la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero. Las autoridades judiciales y políticas continúan monitoreando el desarrollo de la investigación, que podría tener implicancias futuras en el escenario político nacional.