El Gobierno nacional, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), mantiene su intención de auditar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pese a la negativa de la entidad a recibir veedores. La disputa se centra en la competencia para fiscalizar a la AFA, luego de que la asociación trasladara su sede a Pilar, Provincia de Buenos Aires, y argumentara que solo responde a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

Desde la IGJ, el titular Daniel Vítolo afirmó que la AFA sigue bajo su jurisdicción, ya que no se completaron los trámites legales para el cambio de jurisdicción. “Las propias normas de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia señalan que para que el cambio sea efectivo debe acreditarse la cancelación de la inscripción anterior; y la AFA no cuenta con cancelación de inscripción en la IGJ”, sostuvo Vítolo. Además, justificó la medida por presuntas irregularidades contables y la falta de entrega de documentación requerida.

Por su parte, la AFA calificó la solicitud de veedores como “ilegítima” y denunció una supuesta “operación política” del Gobierno nacional. En un comunicado, el presidente Claudio Tapia defendió la autonomía institucional de la entidad y sostuvo que la fiscalización corresponde exclusivamente a la provincia de Buenos Aires tras el cambio de sede.

El Ministerio de Justicia ya aceptó la solicitud de la IGJ y prevé designar veedores para revisar documentación contable, financiera y contractual. Si la negativa de la AFA persiste, el Ejecutivo podría aplicar sanciones administrativas y recurrir a la vía judicial para forzar el ingreso de los veedores.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires intervino en el debate, defendiendo la legalidad de los actos procesales y criticando la suspensión de actividades deportivas como reacción ante decisiones judiciales. “La declaración indagatoria es, ante todo, un acto de defensa”, señalaron, y llamaron a respetar la legalidad y el espíritu republicano.

El conflicto, que suma un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y el fútbol argentino, podría escalar a la Justicia si no se alcanza una solución administrativa. Mientras tanto, ambas partes mantienen posturas firmes y el futuro de la fiscalización de la AFA permanece incierto.