El prolongado conflicto por los traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli ha dado un giro significativo tras la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno de Javier Milei aceptó un procedimiento de solución amistosa, lo que implica el reconocimiento de una posible violación de la independencia judicial en el intento de remover a estos magistrados de sus cargos.

El caso, que dominó el debate público en 2020 durante la gestión de Alberto Fernández, se originó cuando el Consejo de la Magistratura revisó los traslados de jueces realizados durante el gobierno de Mauricio Macri. El foco se puso especialmente en Bruglia y Bertuzzi, trasladados a la estratégica Cámara Federal, y Castelli, quien debía juzgar a Cristina Kirchner en la causa de los "cuadernos de las coimas". El Senado, presidido por Cristina Kirchner, rechazó los pliegos y los traslados, lo que desató un conflicto institucional que llegó hasta la Corte Suprema.

En noviembre de 2020, la Corte Suprema dictaminó que los traslados no podían considerarse definitivos y que los jueces solo podían ejercer en forma provisoria hasta que se cubrieran los cargos mediante el procedimiento constitucional regular. Sin embargo, para evitar un daño institucional, se les permitió permanecer en sus cargos hasta la designación de reemplazantes por concurso.

Ante la falta de resolución, los jueces acudieron a la CIDH, denunciando la vulneración de la independencia judicial y el principio de inamovilidad. El gobierno actual, a través del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el secretario de Derechos Humanos Alberto Baños, informó al Consejo de la Magistratura sobre el inicio del proceso de solución amistosa. Esta medida podría extenderse a otros jueces trasladados cuyos cargos también fueron cuestionados.

Fuentes allegadas a los magistrados y oficiales señalaron que "el procedimiento fue preliminarmente reconocido y aceptado por el Estado argentino y por los magistrados. En principio, significa que el Estado acepta que se habría violado su independencia". No obstante, el Consejo de la Magistratura ya había avanzado con los concursos para cubrir las vacantes, lo que podría generar tensiones con la decisión de la CIDH.

El desenlace de este proceso podría tener implicancias profundas en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, así como en la estabilidad de los jueces federales en Argentina. La solución amistosa propuesta por la CIDH busca garantizar la independencia judicial y podría sentar un precedente para futuros casos de traslados y designaciones en la justicia argentina.