A dos semanas de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la controversia por la presencia de José Luis Espert en las boletas de La Libertad Avanza ha marcado la agenda política. Tras la renuncia de Espert, motivada por su vinculación con un empresario acusado de lavado de dinero narco, el gobierno solicitó la reimpresión de las boletas para eliminar su imagen. Sin embargo, tanto el fiscal federal Ramiro González como el juez electoral Alejo Ramos Padilla rechazaron la petición, argumentando que los plazos y la logística hacen "fácticamente imposible" la reimpresión y distribución de 15 millones de boletas antes del 26 de octubre.

El dictamen del fiscal González se apoyó en informes técnicos del Correo Argentino y la Dirección Nacional Electoral, que detallaron los procedimientos y controles necesarios para la impresión y distribución de boletas. González advirtió que intentar modificar el cronograma electoral a esta altura pondría en riesgo la realización misma de los comicios. La Junta Electoral bonaerense, tras escuchar a todas las fuerzas políticas, también rechazó la reimpresión, señalando que implicaría un gasto extraordinario de más de 12.100 millones de pesos y un "precedente de enorme gravedad institucional".

En paralelo, la Cámara Nacional Electoral resolvió la disputa sobre quién encabezaría la lista de La Libertad Avanza. El tribunal revocó el fallo de primera instancia que proponía a Karen Reichardt y confirmó a Diego Santilli como primer candidato, aplicando la ley de paridad de género y el corrimiento de listas. Aunque la imagen de Espert permanecerá en las boletas, Santilli será el referente principal de la campaña.

El oficialismo, lejos de mostrarse preocupado, considera que la polémica ha potenciado la visibilidad de Santilli y mantiene la campaña con él como figura central. "El candidato es Milei y lo que él significa, no importa quién se vea primero en la boleta", expresaron desde la Casa Rosada. La elección del 26 de octubre será la primera en la provincia de Buenos Aires con Boleta Única de Papel, lo que añade complejidad al proceso y refuerza la decisión judicial de evitar cambios de último momento.

El caso refleja la tensión entre la necesidad de garantizar transparencia y la operatividad del proceso electoral, en un contexto marcado por escándalos y disputas judiciales. Las implicaciones futuras giran en torno a la consolidación de la Boleta Única de Papel y la capacidad del sistema electoral para responder a crisis de último momento sin afectar la legitimidad de los comicios.