Productores rurales y vecinos del noroeste bonaerense presentaron una denuncia penal contra los intendentes de Carlos Casares, 9 de Julio, Hipólito Yrigoyen y Pehuajó, así como contra funcionarios provinciales, por su presunta inacción ante las graves inundaciones que afectan la Cuenca del Salado. La presentación judicial, realizada en la Fiscalía N° 2 de Trenque Lauquen, acusa a los funcionarios de estrago doloso por inundación, incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión impropia, delitos que podrían derivar en sanciones penales y administrativas.

Según los denunciantes, la magnitud del desastre hídrico no se debe exclusivamente a factores climáticos, sino principalmente a la falta de obras y mantenimiento de canales y caminos rurales, así como a la demora y abandono de proyectos hidráulicos ya presupuestados. "Conocían el riesgo, tenían la obligación de actuar y no lo hicieron", remarcaron los productores, quienes aportaron documentos oficiales, actas del Comité de Cuenca, certificados de emergencia agropecuaria e informes técnicos para respaldar la acusación.

El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, admitió públicamente que pospuso la convocatoria del Comité de Cuenca Subregión A3 por estar dedicado a la campaña electoral, lo que para los productores constituye una prueba directa de omisión. Por su parte, la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, expresó en actas oficiales su preocupación por la escasez de recursos y la necesidad de mayor coordinación técnica con la Dirección de Hidráulica zonal.

El impacto económico de las inundaciones es devastador. De acuerdo con CARBAP, la Cuenca del Salado concentra el 75% del stock vacuno bonaerense y hasta el 25% de la producción agrícola nacional, además de ser clave para la producción de cebada, girasol y leche. Las pérdidas afectan sembradíos, pasturas, cosechas, la lechería y la ganadería, generando dificultades para el abastecimiento y la transitabilidad en la región.

El Plan Maestro del Río Salado, lanzado en 1999 con un plazo de ejecución de 15 años, apenas ha completado la mitad de las obras previstas, lo que ha dejado a la región expuesta a anegamientos masivos en los últimos años. Los productores sostienen que el desastre actual es consecuencia directa de una cadena de omisiones estatales, pese a las reiteradas advertencias y a la disponibilidad de información técnica.

Mientras tanto, los damnificados exigen acciones urgentes y la preservación de documentos oficiales para evitar su manipulación, advirtiendo que "esto no es una catástrofe natural, es un estrago político". El caso pone en evidencia la necesidad de una gestión más eficiente y coordinada entre los distintos niveles del Estado para prevenir futuras crisis hídricas en la provincia de Buenos Aires.