El juicio oral contra tres integrantes de una familia gitana oriunda de Santa Fe comenzó este jueves en el Tribunal Oral Federal de San Juan, en un caso que ha generado un intenso debate sobre los límites entre prácticas culturales y la protección de los derechos de menores. Los acusados, una pareja y su hijo, enfrentan cargos por trata agravada de una adolescente, hechos que la fiscalía sostiene ocurrieron entre 2022 y 2025 en Neuquén, Santa Fe y San Juan.

Según la acusación, la víctima, identificada como V.S.Y., fue sometida a una unión forzada a los 13 años con un joven de 20, en el marco de un rito gitano que incluyó el pago de $825.000 como dote. La fiscalía, encabezada por Fernando Alcaraz y Alejandra Mángano de PROTEX, sostiene que la adolescente fue captada en un contexto de vulnerabilidad extrema, sin acceso a educación formal y en situación de pobreza. Tras la unión, la joven habría sido trasladada a Santa Fe, donde fue sometida a explotación laboral, sexual y violencia física y psicológica, incluso durante el embarazo.

El caso tuvo un giro en abril de 2025, cuando la joven intentó escapar con su hijo de ocho meses en una estación de servicio de Caucete, San Juan. Testigos alertaron a la policía, que interceptó el vehículo en el que viajaban los acusados y rescató a la adolescente y su hijo. La fiscalía considera este episodio como un nuevo hecho de trata, por la captación y traslado mediante coacción.

La defensa, a cargo de Claudio Torres del Sel y su equipo, argumenta que la relación fue consentida y responde a prácticas culturales de la comunidad gitana, negando la existencia de delito. Sostienen que no hubo coerción ni finalidad de explotación, sino una dinámica familiar genuina.

El tribunal deberá decidir si los hechos constituyen trata de personas o si, como plantea la defensa, se trató de una práctica cultural sin relevancia penal. La fiscalía ha solicitado penas de hasta 14 años de prisión para los adultos y 11 para el joven. El juicio, que se extenderá varias semanas, reaviva el debate sobre el respeto a la diversidad cultural y la vigencia de los derechos fundamentales de niñas y adolescentes en Argentina.