El Gobierno de la provincia de La Pampa presentó un amparo colectivo ambiental ante la Justicia federal para frenar la aplicación de la reforma a la Ley de Glaciares, recientemente aprobada por el Congreso argentino. La medida, impulsada junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, solicita la suspensión inmediata de la norma y su declaración de inconstitucionalidad.

El gobernador Sergio Ziliotto anunció la acción judicial en una conferencia de prensa, argumentando que la reforma "lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales". Según Ziliotto, aunque La Pampa no posee glaciares, la provincia depende del río Colorado, cuyo caudal proviene de áreas glaciares, por lo que la nueva ley podría afectar el acceso al agua y el ambiente local.

La reforma, aprobada en la Cámara de Diputados con 137 votos a favor y 111 en contra, permite la realización de proyectos mineros en zonas cercanas a glaciares, otorgando a las provincias la potestad de definir las áreas periglaciales habilitadas para la actividad. El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, defendió la modificación como una herramienta para atraer inversiones mineras y fortalecer la autonomía provincial sobre los recursos naturales.

Sin embargo, la iniciativa generó un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas, que consideran que la reforma implica un retroceso en la protección de reservas estratégicas de agua y pone en riesgo el derecho a un ambiente sano. Estas organizaciones, junto a la ciudadanía, han comenzado a organizar demandas colectivas para frenar la aplicación de la ley y reabrir el debate sobre la protección de los recursos hídricos.

El conflicto se enmarca en una histórica tensión entre el desarrollo económico, impulsado por la minería, y la preservación ambiental. En 2019, la Corte Suprema de Justicia había ratificado la constitucionalidad de la ley original, priorizando el acceso al agua como derecho colectivo. Ahora, la discusión se traslada al ámbito judicial, mientras se espera la resolución sobre la constitucionalidad de la reforma y su impacto en las provincias afectadas.