La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires volvió a suspender de manera preventiva la demolición y remodelación del emblemático estadio Luna Park, en una decisión que prioriza la protección patrimonial frente a los proyectos de reconversión impulsados por los nuevos concesionarios. La medida fue dispuesta por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, que ordenó frenar cualquier avance de demolición al considerar que podría provocar un daño irreversible sobre uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

El fallo responde a las presentaciones realizadas por organizaciones civiles como Basta de Demoler, Fundación Ciudad y Observatorio del Derecho a la Ciudad, así como por especialistas en patrimonio urbano. Los demandantes argumentaron que el proyecto de los nuevos concesionarios, DF Entertainment y Live Nation, preveía la demolición de gran parte del estadio y la ampliación de su capacidad en un 30 a 53 por ciento, lo que implicaría intervenir más de 11.600 metros cuadrados y preservar solo una fracción menor de la estructura original.

El Luna Park, declarado Monumento Histórico Nacional, está protegido por normativa patrimonial que impide intervenciones que alteren su estructura y fachada. La jueza Natalia Tanno había habilitado inicialmente las obras, pero la Cámara revirtió la medida tras las apelaciones, enfatizando el principio de prevención del daño y la irreversibilidad de la demolición. "En el particular ámbito de las demandas vinculadas a la protección urbanística y del patrimonio edilicio, deben prevalecer con especial vigor el principio de prevención del daño y el principio de precaución", señalaron los camaristas en su resolución.

El conflicto comenzó tras la concesión del estadio por parte del Arzobispado de Buenos Aires a DF Entertainment y Live Nation, en competencia con La Nación, que gestiona el Movistar Arena. El proyecto incluía zonas VIP, ampliación de áreas gastronómicas y cocheras, con la expectativa de organizar hasta 150 eventos anuales. Sin embargo, la resolución definitiva sobre el futuro del estadio aún está pendiente y podría demorar años, lo que genera incertidumbre sobre el contrato de concesión y el destino del histórico recinto.

La medida judicial es celebrada por organizaciones civiles y especialistas como una defensa del patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad. Por su parte, los concesionarios y el Arzobispado sostienen la necesidad de modernizar el estadio para mantener su vigencia. El fallo es visto como un precedente relevante para la protección de bienes históricos en Buenos Aires y reaviva el debate sobre la modernización y preservación del patrimonio urbano.