El Gobierno Nacional rechazó el recurso jerárquico presentado por YPF S.A. contra la Resolución del Ministerio de Economía N° 1441/24, que denegaba el reintegro de honorarios pagados en el marco de un proceso judicial laboral. El decreto, firmado el 18 de diciembre de 2025 por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, establece que la vía administrativa queda agotada y habilita a la empresa a recurrir a la justicia ordinaria en un plazo de 180 días hábiles.

El conflicto se originó en el expediente "ABARZUA PEDRO ANTONIO C/ YPF S.A. Y OTRO S/ PART. ACCIÓN OBRERO", donde YPF abonó honorarios regulados al perito contador y solicitó el reintegro de dichos montos bajo la garantía de indemnidad prevista en el artículo 9° de la Ley N° 24.145. Esta ley, sancionada en el contexto de la privatización de YPF, establece que el Estado Nacional debe responder por condenas judiciales firmes contra la empresa, siempre que se trate de hechos ocurridos antes del 31 de diciembre de 1990.

El Ministerio de Economía rechazó el reclamo de YPF, argumentando que el objeto del litigio es posterior a la fecha límite establecida por la ley y, por lo tanto, no está cubierto por la garantía de indemnidad. Además, consideró que la petición de repetición de honorarios fue presentada fuera de término y no correspondía en el marco del expediente administrativo.

En su recurso, YPF sostuvo que la administración omitió considerar pruebas relevantes y el principio de verdad material, y que el reembolso procedía incluso si la garantía de indemnidad no aplicaba, en virtud del Código Civil y Comercial. Sin embargo, el Gobierno ratificó la legalidad y razonabilidad de su decisión, señalando que no existían argumentos para apartarse de lo resuelto previamente.

El decreto oficializa el rechazo del recurso jerárquico y comunica a YPF que la vía administrativa está agotada, quedando expedita la acción judicial. Este caso pone de relieve las tensiones en torno a la interpretación de las garantías establecidas en el proceso de privatización de YPF y su alcance sobre obligaciones judiciales posteriores.