La provincia de Neuquén enfrenta una investigación judicial de alto perfil por el presunto desvío de más de 1.200 millones de pesos destinados a programas sociales, a través de la cooperativa Viento Sur. El caso involucra a los exministros de Desarrollo Social, Abel Di Luca y Germán Chapino, así como a dirigentes de organizaciones sociales, quienes fueron imputados por administración fraudulenta agravada y presunto incumplimiento de deberes de funcionario público.

Según la fiscalía, los fondos, que debían ser utilizados para capacitaciones laborales y asistencia a sectores vulnerables, fueron canalizados principalmente a través de la cooperativa Viento Sur. Las rendiciones de cuentas presentadas por la cooperativa no habrían guardado relación con el objeto del programa, y en muchos casos, los controles previos exigidos por el decreto de creación del programa no se habrían cumplido. El decreto fue firmado en 2022 por el entonces gobernador Omar Gutiérrez y refrendado por Di Luca, quien sostiene que su rol fue meramente administrativo.

La investigación, liderada por el fiscal Pablo Vignaroli, apunta a que el esquema de transferencias sirvió para financiar a dirigentes sociales y evitar protestas que pudieran afectar la imagen del gobierno provincial. Una exdirigente de la cooperativa, inicialmente imputada, pasó a ser testigo clave tras un acuerdo con la fiscalía, lo que podría complicar la situación de otros involucrados.

El caso ha reavivado el debate sobre el modelo de tercerización de la asistencia social en Neuquén, donde durante décadas el Estado provincial delegó la gestión de fondos sociales a cooperativas y organizaciones, sin auditorías externas ni controles efectivos. Analistas y periodistas locales señalan que el problema trasciende lo judicial y pone en cuestión la responsabilidad política de quienes diseñaron y sostuvieron este sistema.

La defensa de los exministros argumenta que las decisiones fueron tomadas en el marco de un decreto firmado por el gobernador y que la continuidad de los pagos fue avalada por sucesores en el cargo. Sin embargo, la fiscalía sostiene que existieron irregularidades graves y que el daño al Estado es tanto económico como moral.

El plazo de investigación vence el 8 de abril de 2026, y se espera que el caso tenga repercusiones políticas y judiciales de largo alcance, en un contexto donde la legitimidad y transparencia del modelo de asistencia social provincial están bajo la lupa.