La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) presentó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para suspender el proceso de "discovery" en el juicio por la expropiación de YPF, hasta que se resuelva la apelación de fondo. Esta medida, la primera adoptada por el nuevo procurador Sebastián Amerio, busca frenar la entrega de documentos, la aplicación de sanciones y la audiencia probatoria prevista para abril de 2026.

El caso, que se tramita desde hace más de una década en la corte de la jueza Loretta Preska, condenó en primera instancia a la Argentina a pagar más de USD 16.000 millones, cifra que con intereses supera los USD 18.000 millones. El fallo fue apelado y, mientras se espera la decisión de la Cámara, los demandantes —principalmente el fondo Burford Capital— han solicitado acelerar el cobro mediante pedidos de entrega de acciones, sanciones y la declaración de desacato.

En su presentación, la PTN argumentó que la continuidad del "discovery" podría causar un daño irreparable a la soberanía nacional y afectar la previsibilidad de las relaciones financieras internacionales. Además, destacó que el país ya cumplió con la entrega de más de 115.000 páginas de documentación y 37 horas de testimonios de funcionarios de alto rango, así como material adicional de dispositivos personales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó la posición argentina, calificando el proceso de "discovery" como excesivamente intrusivo y advirtiendo sobre posibles impactos en la reciprocidad internacional y la política exterior. Asimismo, solicitó participar oralmente en la audiencia del 16 de abril, donde se debatirá la entrega del 51% de las acciones de YPF.

Mientras tanto, la defensa argentina sostiene que existen fundamentos sólidos para revertir el fallo de primera instancia, entre ellos la supuesta incorrecta aplicación del derecho argentino y la doctrina del forum non conveniens. Por su parte, los demandantes consideran insuficiente la cooperación argentina y continúan reclamando sanciones.

El caso YPF sigue siendo el mayor litigio internacional que enfrenta la Argentina y su resolución tendrá implicancias significativas para las finanzas y la política exterior del país.