El empresario argentino Fred Machado, actualmente bajo prisión domiciliaria en Viedma, se convirtió en el centro de un escándalo que llevó a la renuncia de José Luis Espert a su candidatura para renovar su banca en la Cámara de Diputados. Machado, investigado por narcotráfico, brindó declaraciones a diversos medios en las que intentó aclarar su relación con Espert y desmentir versiones sobre supuestos aportes millonarios a la campaña del diputado liberal.

Machado relató que conoció a Espert en 2019, cuando el político buscaba apoyo para su carrera. Según el empresario, su ayuda consistió en facilitarle el uso de aviones y realizar transferencias de dinero a través de la empresa Aircraft Guaranty, aunque insistió en que los montos fueron mucho menores a los que se rumoreaban públicamente. "Le presté un avión de un amigo, lo ayudé con unos mangos", afirmó Machado, quien también señaló que "el aporte no fue como dijo Grabois de 34 millones de dólares" y que la cifra real fue "más de 200 mil dólares".

El empresario denunció haber sido manipulado y convertido en "radiactivo" para ocultar una red mayor que involucra aviones, dinero, política y justicia internacional. "Me convirtieron en radiactivo", expresó, asegurando que la exposición mediática y la presión judicial lo afectaron profundamente. Machado también criticó la actitud de Espert por negarlo públicamente, sosteniendo que la ayuda brindada era conocida por varios testigos y que "no fue un apoyo oculto ni millonario".

El caso generó un fuerte impacto en la imagen de Espert, quien finalmente decidió bajar su candidatura en medio de la presión electoral y el deterioro de su reputación. El escándalo también reavivó el debate sobre la transparencia en el financiamiento político y la influencia de redes ilícitas en la política argentina. Machado, por su parte, se define como víctima de un proceso injusto y denuncia presiones judiciales y mediáticas, comparando su situación con un "film noir" y procesos kafkianos.

El episodio se enmarca en investigaciones sobre narcotráfico y el presunto uso de aviones para actividades ilícitas, conectando el caso con otros antecedentes en la industria aeronáutica y minera, tanto en Argentina como en Guatemala. Las repercusiones del escándalo continúan generando debate sobre la relación entre política, justicia y redes de financiamiento en el país.