La defensa de Lucas Pertossi, uno de los ocho jóvenes condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando la nulidad de la sentencia de 15 años de prisión y la realización de un nuevo juicio. El planteo, realizado por Ignacio Nolfi, defensor de Casación bonaerense, sostiene que durante el proceso judicial no se garantizó el derecho de defensa de Pertossi, quien habría sufrido una "indefensión manifiesta" debido a la estrategia legal común aplicada por el abogado Hugo Tomei para todos los acusados.

Según el escrito, la defensa técnica de Pertossi quedó subsumida en la estrategia global de los ocho imputados, sin atender las diferencias de hecho, grado de participación y pruebas respecto de Pertossi. Se argumenta que los tribunales debieron garantizar una asistencia técnica efectiva y autónoma, y que la falta de una defensa diferenciada impidió destacar que la situación procesal de Pertossi era distinta a la de los condenados a prisión perpetua.

La presentación enfatiza que no existen pruebas directas que vinculen a Pertossi con el ataque mortal: no se halló ADN ni sangre de la víctima en sus prendas, ni se acreditó contacto físico con Báez Sosa antes, durante o después del ataque. La defensa sostiene que el rol de Pertossi fue secundario, limitado a filmar la situación y a un altercado menor con un tercero ajeno a la víctima fatal. Incluso se señala que las cámaras de seguridad mostrarían que se retiró del lugar antes de que concluyera la agresión.

El recurso expone siete fundamentos técnicos para solicitar la nulidad del fallo, entre ellos defectos graves de razonamiento, irregularidades procesales, presunta violación de imparcialidad y discrepancia entre la acusación y la sentencia. La petición final es que la Corte Suprema declare la nulidad total de lo actuado desde el momento en que se configuró la "situación de indefensión" de Pertossi, incluyendo la sentencia condenatoria, y disponga el reenvío del expediente para un nuevo debate oral, donde se garanticen plenas garantías defensivas.

El caso, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell, sigue generando debate sobre la individualización de responsabilidades en crímenes colectivos y el respeto a las garantías procesales. Los padres de la víctima y el Ministerio Público Fiscal sostienen que todos los condenados tuvieron igual participación, mientras que la defensa de Pertossi insiste en la necesidad de una evaluación individualizada de su responsabilidad penal.