El Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires anunciaron una profunda reforma en el esquema de subsidios energéticos que entrará en vigencia a partir de enero de 2026. El nuevo régimen, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), apunta a reducir el gasto estatal y trasladar el costo real de la energía a los usuarios, generando un fuerte debate en todo el país.

Según la Secretaría de Energía, más de 7,3 millones de hogares de mayores ingresos y unas 140.000 familias de ingresos medios dejarán de recibir subsidios y comenzarán a pagar el 100% del precio mayorista de la electricidad y el gas. El esquema nacional simplifica la segmentación de usuarios, pasando de tres categorías a solo dos: "hogares con subsidio" y "hogares sin subsidio". El 45% de los usuarios quedará sin subsidios, mientras que el 55% restante, con ingresos inferiores a $3.771.987 mensuales por hogar, mantendrá la mitad del costo de la electricidad subsidiado hasta un tope de consumo, con una bonificación adicional que se eliminará gradualmente durante el año.

En el caso del gas, el precio se unificará y los subsidios solo aplicarán al 50% de los bloques garantizados, con aumentos previstos de dos dígitos en las facturas desde enero. Además, el Gobierno planea dejar de subsidiar las importaciones de gas licuado, trasladando ese costo a los usuarios en los meses de mayor consumo, lo que podría impactar fuertemente en los hogares.

La diputada nacional Jimena López (Frente Renovador) denunció que la Resolución 484/2025 introduce un "impuesto encubierto" en las facturas de luz y gas, ya que algunos usuarios pagarán más del 100% del costo real para financiar infraestructura y programas de eficiencia. López reclamó que cualquier rediseño de subsidios sea debatido y aprobado por el Congreso, y criticó la consulta pública realizada por el Gobierno por su brevedad y falta de carácter vinculante.

En la provincia de Buenos Aires, el ministro Carlos Bianco anunció la eliminación de subsidios para casi 80.000 viviendas en barrios cerrados y la exigencia de recategorización para mantener la tarifa social. El gobierno bonaerense busca sostener el beneficio para sectores de bajos ingresos, aunque endureciendo los controles y excluyendo explícitamente a residencias en barrios cerrados.

En San Juan, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) presentó objeciones formales al nuevo esquema, advirtiendo que no contempla las particularidades climáticas y socioeconómicas de la provincia. Se estima que al menos 350.000 usuarios se verán afectados por la quita o reducción de subsidios, con aumentos de entre 20% y 30% en las facturas, incluso para hogares vulnerables. El EPRE reclama duplicar los límites de consumo subsidiado y una bonificación excepcional para la provincia.

El debate sobre la equidad tarifaria y la necesidad de contemplar diferencias regionales se intensifica, mientras legisladores y entes reguladores provinciales exigen que el ajuste sea discutido en el Congreso y no profundice las desigualdades. El Gobierno nacional sostiene que la reforma es necesaria para ordenar el gasto público y avanzar hacia tarifas que reflejen el valor real de la energía, pero enfrenta crecientes críticas y demandas de revisión.