El Gobierno argentino, encabezado por el ministro de Economía Luis Caputo, intensifica las gestiones para lograr la aprobación definitiva del Presupuesto 2026, una herramienta clave para afrontar los próximos vencimientos de deuda y recuperar el acceso a los mercados internacionales. La media sanción obtenida en la Cámara de Diputados autoriza al Ejecutivo a emitir deuda por hasta $288,7 billones, equivalentes a más de US$200.000 millones, y permite colocar hasta un 18% de ese monto en moneda extranjera bajo jurisdicción externa, lo que representa un tope de entre US$23.000 y US$36.520 millones.

La urgencia responde a la proximidad de vencimientos por US$4.200 millones en enero, que el Gobierno busca refinanciar mediante canjes de deuda y nuevas emisiones. El artículo 56 del Presupuesto flexibiliza las restricciones impuestas por la ley de sostenibilidad de la deuda de 2021, permitiendo canjes con menos exigencias y facilitando la extensión de plazos a cambio de mayores tasas de interés. "La Argentina pagará más por su deuda, pero más adelante", advierten analistas, señalando que la medida busca evitar un default inmediato a costa de mayores compromisos futuros.

En paralelo, el equipo económico explora alternativas como préstamos REPO y swaps con bancos internacionales y China, mientras el Banco Central anunció la compra de reservas y ajustes en la política monetaria, lo que contribuyó a una baja del riesgo país a 568 puntos. Sin embargo, la aprobación definitiva del Presupuesto en el Senado es vista como indispensable: "Si no se aprueba, tendrán que recurrir a un DNU para emitir deuda", explicó el economista Nicolás Gadano.

El contexto es desafiante: Argentina acumula nueve defaults y enfrenta vencimientos con bonistas, el FMI y el Club de París por US$13.800 millones en 2026 y US$18.000 millones en 2027. El acceso a los mercados internacionales depende de la acumulación de reservas y la consolidación de la baja del riesgo país. Economistas y consultoras consideran que la aprobación del Presupuesto enviaría una señal de gobernabilidad y podría mejorar el perfil crediticio del país, aunque persisten dudas sobre la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo.