Lourdes Antonini, una joven de 20 años y empleada del Ejército argentino, perdió la vida el 4 de diciembre de 2025 cuando un cartel publicitario de una obra en construcción se desplomó sobre ella en la calle Chivilcoy al 3600, en el barrio porteño de Villa Devoto. La estructura, de más de 2,30 metros de altura y compuesta por paneles de madera de más de 20 kilos cada uno, promocionaba el desarrollo inmobiliario Seirén, impulsado por la firma MMCV, cuya cara visible es el exfutbolista Damián Manusovich.

La autopsia determinó que Antonini falleció en el acto debido a un fuerte traumatismo de cráneo y hemorragia interna. Las pericias realizadas por el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires revelaron que la estructura carecía de elementos básicos de seguridad, como cruces de San Andrés para rigidizarla, y que el terreno donde estaba instalada había sido removido intensamente, lo que, sumado al uso de maquinaria pesada, generó un escenario de alto riesgo.

El fiscal Andrés Madrea, a cargo de la investigación, solicitó la indagatoria de Manusovich y otros seis implicados, entre ellos responsables técnicos y directivos de la constructora, bajo la acusación de homicidio culposo. Dos personas, un maestro mayor de obras y un licenciado en seguridad e higiene, ya habían sido detenidos en la primera etapa de la causa.

La investigación determinó que el cartel no contaba con los permisos legales requeridos para su instalación, según la Dirección General de Permisos y Ferias del Gobierno porteño. El fiscal Madrea subrayó que la estructura era "irregular, ilegítima y antirreglamentaria", y que no existía control ni supervisión adecuada sobre su construcción y mantenimiento.

El caso ha generado un fuerte impacto en el ámbito profesional y social. El Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo inició un expediente interno contra el arquitecto del proyecto por posibles faltas éticas. Además, la causa podría sentar un precedente sobre la responsabilidad penal de los desarrolladores inmobiliarios en hechos de negligencia que deriven en tragedias.

Fuentes del Gobierno de la Ciudad señalaron que la competencia sobre el control de este tipo de estructuras recae en el área de Espacio Público y que no existían denuncias previas sobre la obra. El expediente judicial ahora está en manos del juez Darío Bonnano, quien deberá decidir si avanza con las indagatorias solicitadas por la fiscalía.