El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, mantuvo su primer encuentro institucional con los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La reunión, celebrada en el Palacio de Justicia, tuvo como eje central la cobertura de más de 300 vacantes en juzgados y fiscalías de todo el país, una problemática que afecta la operatividad y la eficiencia del sistema judicial argentino.

Según informaron fuentes oficiales, Mahiques ratificó el compromiso del Gobierno de enviar al Senado los pliegos necesarios para la designación de jueces, fiscales y defensores, con el objetivo de normalizar la integración de los tribunales federales. "La prioridad son los fueros que están colapsados", explicó el ministro, quien mencionó específicamente los fueros de familia, civil y penal ordinario de la Ciudad de Buenos Aires, así como la Cámara Penal Económica.

Durante el encuentro, también se abordó la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración transitoria de los tribunales, en particular a través del sistema de conjueces previsto en el régimen de subrogancias. Esta herramienta es considerada clave para garantizar el funcionamiento de los tribunales ante vacancias, licencias o impedimentos de los magistrados titulares.

La reunión se produjo poco después de la jura de Santiago Viola como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, organismo encargado del control y la selección de jueces. Viola, funcionario cercano a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, asumió la secretaría de Justicia junto con Mahiques y tendrá un rol central en la coordinación institucional entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

El déficit de magistrados es una deuda estructural que se arrastra desde hace años y que ha generado retrasos en los procesos judiciales, así como una sobrecarga de trabajo para los jueces en funciones. La Corte Suprema ha reclamado reiteradamente la normalización de la planta judicial, advirtiendo que la falta de nombramientos afecta la calidad del servicio de justicia y genera incertidumbre institucional.

El Gobierno de Javier Milei considera la cobertura de vacantes como una prioridad inmediata, tanto por su impacto en la eficiencia de los tribunales como por su relevancia política, dado que los pliegos deberán ser tratados por el Senado de la Nación. El avance en la designación de jueces y funcionarios judiciales forma parte de una agenda más amplia que apunta a responder a las demandas de mayor transparencia y funcionamiento del sistema judicial argentino.

La iniciativa oficial busca, además, fortalecer la independencia judicial, garantizar la seguridad jurídica y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho, según coincidieron el Gobierno y la Corte Suprema en el comunicado conjunto tras la reunión.