La periodista deportiva que denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de cuatro ex jugadores de Vélez en Tucumán volvió a irrumpir en la agenda pública tras presentarse en los tribunales penales de la provincia, exigiendo protección y avances en la causa. El hecho, ocurrido el 3 de marzo de 2024, marcó un antes y un después en la vida de la joven, quien relató haber sido drogada y abusada en un hotel tras un contacto previo con el arquero Sebastián Sosa. Según su testimonio, al llegar al lugar se encontró con Sosa y otros tres futbolistas: José Florentín, Abiel Osorio y Brian Cufré.

La denunciante describió en entrevistas y declaraciones judiciales que perdió el control de su cuerpo tras consumir pocas bebidas, experimentando mareos, frío y una sensación de impotencia. "Me violaron. Me drogaron e hicieron con mi cuerpo lo que quisieron", afirmó. Al día siguiente, notó lesiones físicas y un profundo estado de angustia, lo que la llevó a buscar ayuda legal y médica.

El proceso judicial, sin embargo, ha estado marcado por la revictimización. Los acusados fueron inicialmente detenidos con prisión preventiva, pero recuperaron la libertad y continuaron con sus carreras deportivas. La joven, en cambio, perdió su empleo, amistades y asegura que su vida afectiva quedó dañada. "Ellos están libres y yo presa", resumió en una de sus declaraciones.

La situación se agravó cuando un medio publicó su nombre completo, violando normas de protección a víctimas de violencia sexual. La exposición mediática y la lentitud del proceso judicial derivaron en episodios de pánico, aislamiento y dos intentos de suicidio por parte de la denunciante. En su reciente irrupción en tribunales, expresó entre lágrimas su desesperación por la falta de protección y la filtración de información privada del expediente.

La fiscalía, encabezada por Adriana Reinoso Cuello, aseguró que la investigación sigue su curso y que habrá definiciones en las próximas semanas. Sin embargo, la denunciante y su entorno insisten en que el sistema judicial ha priorizado la defensa de los acusados y no ha brindado respuestas efectivas a la víctima.

El caso ha reavivado el debate sobre la protección de las víctimas de abuso sexual en Argentina, especialmente en contextos conservadores como el de Tucumán, y sobre la necesidad de reformas profundas en el sistema judicial para evitar la revictimización y garantizar el acceso a la justicia.