El conflicto entre el Sindicato de Camioneros y la municipalidad de Villa Gesell escaló en los últimos días tras la decisión del intendente Gustavo Barrera de rescindir el contrato de barrido manual con la empresa Santa Elena, medida que puso en riesgo cerca de 40 puestos de trabajo. La reacción sindical, encabezada por Pablo Moyano, incluyó una protesta de alto impacto frente al edificio municipal, con bloqueos y quema de neumáticos, lo que generó tensión en la ciudad y afectó la recolección de residuos.

Desde el Ejecutivo local, se argumentó que la decisión responde a la caída de recursos por coparticipación y a la falta de aprobación del presupuesto 2026, lo que obligó a una reestructuración de servicios. "Es a la empresa a la que tienen que reclamarle", señalaron fuentes cercanas al intendente, defendiendo la legalidad de la rescisión contractual y anticipando posibles sanciones a la concesionaria por incumplimiento.

Pablo Moyano, por su parte, criticó duramente al intendente Barrera, acusándolo de "ajustar a los trabajadores" y de actuar en contra de los principios del peronismo. "Este mamarracho que es presidente del Partido Justicialista de Villa Gesell despide a sus propios vecinos", expresó Moyano durante la protesta, y advirtió que el gremio mantendrá el estado de alerta y podría profundizar las medidas si no se revierten los despidos.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires intervino rápidamente y dictó la conciliación obligatoria, estableciendo un plazo de 15 días hábiles para el diálogo entre el gremio, la empresa y el municipio. La medida busca transformar el conflicto en una negociación institucional y evitar que la crisis se extienda a otros distritos, como La Plata, donde el gremio advierte sobre escenarios similares.

El conflicto expone tensiones internas en el peronismo bonaerense y pone de manifiesto la presión sindical en un contexto de ajuste municipal. Mientras tanto, la oposición local aprovecha la situación para cuestionar la gestión de Barrera, y la comunidad permanece atenta a la resolución de un conflicto que afecta tanto a los trabajadores como a los servicios urbanos.