El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó la prohibición de ingreso a eventos deportivos para un grupo de personas identificadas en los disturbios ocurridos durante las protestas contra la reforma laboral en la Plaza del Congreso. La medida, publicada el 25 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial y firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, se fundamenta en la necesidad de prevenir nuevos episodios de violencia en espectáculos masivos y extiende el alcance de las restricciones más allá de los estadios de fútbol.

Según los informes de la Policía Federal Argentina, los incidentes se registraron los días 11 y 19 de febrero, cuando manifestantes arrojaron proyectiles, objetos punzantes y bombas molotov contra efectivos policiales, causando daños a bienes públicos y privados y obstruyendo el tránsito. Las actuaciones policiales derivaron en detenciones y en la identificación de los principales involucrados, quienes fueron sancionados bajo la figura de “atentado y resistencia a la autoridad”.

La resolución se apoya en la modificación de la Resolución 354-E/2017, realizada en marzo de 2025, que habilita la aplicación de restricciones administrativas a quienes incurran en conductas violentas durante manifestaciones públicas, independientemente del lugar donde ocurran. De este modo, el derecho de admisión se extiende a cualquier evento masivo, no solo a los espectáculos deportivos.

Los sancionados fueron incorporados al programa Tribuna Segura, lo que bloquea su acceso a eventos en todo el país por tiempo indeterminado. Además, el Ministerio de Seguridad implementó el Programa Federal de Control en Ruta para Eventos Deportivos (PROFERED), que refuerza los controles preventivos en rutas y accesos a estadios, con el objetivo de evitar la presencia de personas consideradas riesgosas.

Desde el Ministerio, se sostiene que estas acciones son necesarias para reforzar el orden público y prevenir la violencia. Sin embargo, sectores afectados han cuestionado la celeridad de las sanciones administrativas, señalando la ausencia de condenas judiciales firmes. La resolución subraya que el régimen de restricción es autónomo y puede aplicarse sin perjuicio de las causas penales que tramiten en la justicia ordinaria.

Esta decisión se enmarca en una estrategia integral del Gobierno para reducir la violencia tanto en el fútbol como en manifestaciones públicas, ampliando las herramientas de prevención y control en eventos multitudinarios. Se espera que la medida tenga un impacto significativo en la seguridad de los espectáculos masivos y en la gestión de futuras protestas.