El caso de Bruno Riboldi, conocido en redes como “La Joya Agro”, ha dado un giro inesperado tras la denuncia inicial por el presunto robo de casi 200 cabezas de ganado en Santa Teresa, Santa Fe. La Justicia provincial imputó a Nicolás Coscia, exsocio de Riboldi, por el delito de defraudación por abuso de confianza, luego de comprobarse la venta de 161 bovinos sin autorización del denunciante.

La investigación, encabezada por el fiscal Ramiro Martínez, determinó que la relación entre ambos productores se basaba en un esquema de capitalización de hacienda, donde uno aportaba los animales y el otro se encargaba del engorde y la posterior venta. Según la acusación, Coscia habría dispuesto de los animales sin el consentimiento de Riboldi, utilizando documentación oficial para legitimar la operación y trasladando el ganado a un feedlot en Chabás, donde finalmente fue hallado por la Guardia Rural.

Por su parte, la defensa de Coscia sostiene que no existió delito alguno y que la venta formaba parte de los acuerdos habituales entre las partes. El abogado Pablo Morosano afirmó: “Tenemos todos los elementos para acreditar que Riboldi sabía perfectamente desde febrero que Coscia iba a poner en venta las vacas”. Además, señaló que la situación financiera de Riboldi habría motivado la urgencia en el cobro y que existen mensajes que respaldan esta versión.

Riboldi, en tanto, sostiene que la operatoria se realizó sin su autorización y que detectó movimientos irregulares en el sistema Senasa, lo que lo llevó a realizar la denuncia. “No solo no estaban mis animales, no había ningún animal”, declaró tras visitar el campo junto a la patrulla rural. La consignataria Aguirre Vazquez, involucrada en la operación, se declaró víctima y colabora con la investigación judicial.

El caso, que comenzó como un supuesto robo millonario, ahora plantea interrogantes sobre los límites de la confianza en los negocios rurales y la exposición mediática. Mientras la Justicia intenta determinar si hubo abuso de confianza o un acuerdo incumplido, aún restan 29 animales por localizar. El desenlace podría sentar precedentes en la resolución de conflictos comerciales en el sector agropecuario argentino.