La construcción de un nuevo puente sobre el río Mendoza en Luján de Cuyo generó una inesperada polémica política entre la subsecretaria de Infraestructura de Mendoza, Marité Baduí, y el intendente local, Esteban Allasino. El conflicto se desató en redes sociales luego de que Allasino publicara un video destacando los beneficios de la obra para la circulación y conectividad de la zona, sin mencionar el origen de los fondos que la financian.

La subsecretaria Baduí intervino rápidamente en los comentarios, señalando: “Vale decir que la obra es 100% del Gobierno provincial”, en referencia a que el financiamiento proviene íntegramente de fondos provinciales, específicamente del denominado Fondo del Resarcimiento. La funcionaria remarcó que el proyecto fue “proyectado, licitado y ejecutado por Vialidad Provincial”, y que la inversión forma parte de un paquete de U$S 1.023 millones destinados a gastos de capital en toda la provincia.

El intercambio se intensificó cuando usuarios de la red social defendieron la gestión del intendente, argumentando que su insistencia fue clave para concretar la obra. Sin embargo, Baduí desestimó esa postura y reiteró que la autoría y ejecución corresponden exclusivamente al gobierno provincial. “Por supuesto, nos encanta que a Esteban le guste la obra”, ironizó la funcionaria, cerrando la discusión sobre la gestión del puente.

La obra, a cargo de la empresa Vialmani, cuenta con un presupuesto de U$S 16,42 millones (aproximadamente $11.588 millones) y busca mejorar la movilidad en Luján de Cuyo, permitiendo el paso de vehículos pesados y optimizando el transporte público. El antiguo puente, de casi 130 años, será preservado como paso peatonal y ciclista, manteniendo su valor patrimonial.

Este episodio expone las tensiones habituales entre el gobierno provincial y los municipios respecto al reconocimiento de las inversiones públicas, especialmente en un contexto de alta sensibilidad política por la distribución y autoría de los fondos. La obra es vista como estratégica para el desarrollo y la conectividad de la región, y su financiamiento con fondos del resarcimiento vuelve a poner en primer plano la disputa por el crédito político en Mendoza.