La apertura de sobres para la licitación de la primera etapa de la privatización de la llamada "Ruta del Mercosur" se concretó este miércoles, marcando un avance significativo en la estrategia del Gobierno nacional para transferir la gestión de la infraestructura vial al sector privado. El proceso involucra 741 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, incluyendo el estratégico Puente Rosario-Victoria.

Siete empresas constructoras presentaron ofertas para operar y mantener estos corredores bajo un esquema de concesión con peaje. El financiamiento para las obras será provisto por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que ofrecerá hasta $56.000 millones, equivalentes al 70% del monto contractual, bajo condiciones UVA +2% y un plazo de repago de seis años con uno de gracia. Esta medida, que contradice el discurso libertario del Gobierno, fue adoptada ante la falta de interés de los privados en aportar capital propio para la rehabilitación de las rutas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que "el sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas", mientras que el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que "se termina el modelo de despilfarro, corrupción y abandono de la obra pública". El nuevo esquema elimina el canon inicial y los subsidios estatales, apostando a la autosustentabilidad a través de los ingresos de peaje.

El corredor, gestionado por el Estado desde abril tras el vencimiento del contrato con [Caminos del Río Uruguay](/entities/entity_1744889792469_919), es clave para el comercio internacional, conectando Argentina con Brasil, Uruguay y Paraguay. El proceso de licitación fue postergado en dos ocasiones antes de concretarse, y se estableció un plazo máximo de 12 meses para la transferencia total de la gestión a los nuevos operadores.

El proyecto forma parte de la "Red Federal de Concesiones", que en etapas posteriores prevé la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. El cambio de modelo responde al deterioro de la infraestructura vial y a la política oficial de reducción del déficit fiscal y menor intervención estatal. Sin embargo, la decisión de financiar las obras con fondos públicos generó críticas y podría derivar en planteos judiciales por el cambio de condiciones en la licitación.

Empresarios del sector valoran el financiamiento estatal como la única alternativa viable ante la falta de recursos privados en pesos para proyectos de largo plazo. El Gobierno, por su parte, sostiene que el nuevo esquema permitirá una gestión más eficiente y transparente, con ahorro para el Tesoro nacional y mejores condiciones para el desarrollo económico y logístico del país.