El diputado nacional José Luis Espert enfrenta una investigación judicial por presunto lavado de dinero y vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. En la mañana del 9 de octubre, la Justicia Federal de San Isidro allanó el domicilio de Espert en Beccar y sus oficinas en el Congreso, tras recibir la autorización de la Cámara de Diputados. La moción fue aprobada por 215 votos afirmativos y solo tres abstenciones, reflejando el consenso político para avanzar con las medidas de prueba solicitadas por el juez federal Lino Mirabelli.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por Juan Grabois, quien señaló una transferencia de USD 200.000 de Machado a Espert. El diputado explicó que el dinero correspondía a un adelanto por servicios profesionales para una empresa minera vinculada a Machado, aunque admitió que nunca realizó el trabajo debido a la pandemia. En otro allanamiento, la Policía Federal halló el contrato de locación de servicios, que estipulaba pagos por un millón de dólares.

A pesar de haber solicitado licencia como diputado, Espert mantiene sus fueros parlamentarios, lo que obligó a la Justicia a requerir la autorización del Congreso para proceder con los allanamientos. El fiscal federal Federico Domínguez lleva adelante la investigación bajo secreto de sumario, y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el avance de la causa.

El escándalo ha generado fuertes repercusiones políticas. La oposición presionó para que Espert fuera apartado del Parlamento, mientras que miembros de su propio bloque se distanciaron públicamente. "Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista", declaró Espert en sus redes sociales, defendiendo la legalidad de la operación. Sin embargo, la aparición de su nombre en registros financieros oficiales y en pruebas judiciales en Estados Unidos ha incrementado la presión sobre el legislador.

El caso pone en foco la transparencia y el control parlamentario sobre los vínculos financieros de los diputados, en un contexto de creciente escrutinio público y tensiones políticas internas. La investigación continúa y se espera que sus resultados tengan implicancias tanto judiciales como políticas en el corto plazo.