El Congreso argentino vivió una jornada marcada por el avance judicial contra el diputado José Luis Espert, quien enfrenta una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, solicitó a la Cámara de Diputados autorización para allanar los despachos y bienes de Espert, protegido por la ley de fueros. La moción fue aprobada por una abrumadora mayoría de 215 votos a favor y solo tres abstenciones, reflejando el aislamiento político del legislador, incluso dentro de su propio espacio.

La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares recibida por Espert de Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico y actualmente bajo proceso de extradición a Estados Unidos. El contrato entre ambos contemplaba pagos por hasta un millón de dólares por asesoría económica, según documentación presentada en la justicia estadounidense y argentina. El fiscal Fernando Domínguez imputó a Espert por lavado de dinero, y la causa se inició a partir de una denuncia de Juan Grabois.

Durante la sesión, la diputada Mónica Frade presentó la moción para autorizar las medidas judiciales, mientras otros legisladores debatían la necesidad de transparencia y garantías para la integridad física de Espert. Personal de seguridad clausuró el despacho del diputado tras denuncias de manipulación de pertenencias. Espert, por su parte, solicitó licencia hasta el 8 de diciembre, sin especificar si será sin goce de sueldo, lo que generó cuestionamientos entre sus pares.

El escándalo se desarrolla en paralelo a debates legislativos clave, como el tratamiento del Presupuesto 2026 y la definición de la presidencia de la Comisión de Presupuesto, vacante tras la licencia de Espert. La oposición y el oficialismo coincidieron en la necesidad de avanzar con las medidas judiciales, aunque persisten tensiones internas y proyectos para expulsar al diputado por "inhabilidad moral" que no lograron consenso.

El caso pone en foco la ética parlamentaria y la relación entre política y justicia, en un contexto de creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas. Las próximas sesiones definirán el futuro de Espert y el impacto institucional del escándalo.