El descarrilamiento de una formación del tren Sarmiento en el barrio de Liniers, Ciudad de Buenos Aires, ocurrido el 11 de noviembre de 2025, volvió a poner en el centro del debate la crisis estructural del sistema ferroviario argentino. El incidente, que se produjo a las 15:50 cuando el tren circulaba a 47 km/h, dejó un saldo de 20 heridos, nueve de ellos con politraumatismos, y generó momentos de tensión entre los pasajeros que debieron evacuar la formación.

Según informaron las autoridades y los sindicatos ferroviarios, el accidente se produjo en una zona donde se había instalado un nuevo sistema de cambios automáticos apenas una semana antes. Rubén "Pollo" Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria, descartó que se tratara de una falla humana y atribuyó el hecho a un desperfecto técnico en las cajas de señales del nuevo sistema. "No es una falla humana, es un problema técnico. Es más grave todavía", sostuvo Sobrero, quien remarcó que el sistema había funcionado correctamente hasta el día anterior.

Las pruebas toxicológicas y de alcoholemia realizadas al maquinista dieron resultado negativo, confirmando la hipótesis de que el descarrilamiento no fue consecuencia de errores humanos. Los heridos fueron atendidos en hospitales cercanos, y la investigación continúa para determinar las causas exactas del incidente.

El episodio reavivó los reclamos de los trabajadores ferroviarios, quienes denunciaron la falta de mantenimiento, la escasez de personal y los salarios por debajo de la línea de pobreza. Cristian Duarte, delegado del Sarmiento, señaló que "hace décadas existen problemas de infraestructura centrales sin solución, pero ahora se encuentra agudizado con el ajuste que cae sobre los ferrocarriles". Los sindicatos advirtieron que la combinación de tecnologías de distintas épocas y orígenes en el sistema de señalamiento dificulta el cumplimiento de las normas de seguridad y aumenta el riesgo de accidentes.

El descarrilamiento se suma a una larga historia de problemas en el sector, incluyendo la tragedia de Once en 2012, que marcó un antes y después en la percepción pública y judicial sobre la gestión estatal del transporte. La fragmentación jurisdiccional, los subsidios discrecionales y la falta de planificación han distorsionado el sistema, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.

En este contexto, el debate sobre la operación estatal o privada del transporte y la necesidad de profesionalización y reformas profundas sigue vigente. Los trabajadores y sindicatos exigen soluciones de fondo y advierten que la falta de inversión y salarios bajos ponen en riesgo la seguridad y calidad del servicio. El gobierno enfrenta una creciente presión para encarar reformas estructurales que permitan mejorar la infraestructura y la gestión del transporte público, clave para la productividad y la calidad de vida de millones de argentinos.