El contrabando de productos electrónicos, especialmente celulares, se ha consolidado como una de las principales preocupaciones para el sector industrial y comercial argentino en 2025. Según datos de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), uno de cada tres celulares que se activa en el país no fue fabricado ni importado legalmente, lo que representa más de tres millones de unidades ingresadas de contrabando en el último año.

El fenómeno, que afecta también a otros productos como aires acondicionados, televisores, notebooks y muebles, se ha intensificado en los últimos dos años. Las entidades empresariales advierten que esta situación genera una competencia desleal para los comercios y fabricantes que cumplen con las normativas, además de provocar una pérdida significativa de empleos industriales y una fuerte caída en la recaudación fiscal. “Cada producto que ingresa por fuera de los canales formales representa impuestos que no se pagan”, señalaron desde la CAC, subrayando el impacto negativo sobre la producción nacional y el empleo.

El Gobierno ha reconocido la gravedad del problema y, en respuesta a las denuncias de la UIA y la CAC, ha realizado operativos en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana, donde se secuestraron cientos de equipos electrónicos y accesorios. Sin embargo, tanto las cámaras empresariales como los gremios sostienen que los controles actuales resultan insuficientes y reclaman una mayor coordinación entre los organismos estatales para enfrentar el avance del contrabando.

La comercialización de productos ilegales se realiza tanto en tiendas físicas como a través de plataformas digitales, lo que dificulta la tarea de fiscalización y permite a los vendedores informales obtener ingresos extraordinarios sin tributar impuestos. Además, muchos de estos productos carecen de certificaciones eléctricas, garantías oficiales y soporte técnico, exponiendo a los consumidores a riesgos y vulnerando sus derechos.

El contrabando, según la UIA, afecta transversalmente a diversas industrias, generando distorsiones de precios y debilitando la sostenibilidad de las cadenas de valor. Frente a este escenario, las entidades empresariales insisten en la necesidad de profundizar los controles en los pasos fronterizos y fortalecer la fiscalización sobre los canales de venta, tanto físicos como digitales. Solo una acción conjunta y sostenida entre las autoridades permitirá restablecer condiciones de competencia equitativas y proteger tanto a los comercios formales como a los consumidores.