Femicidio de Dulce Candia: la Justicia ordenó allanar un taller mecánico vinculado al único detenido
• Femicidio de Dulce Candia (17) conmociona Eldorado, Misiones. • Detenido un remisero, principal sospechoso. • Críticas a la demora policial y falta de protocolos. • Investigación sigue con peritajes a celulares y chips.


El femicidio de Dulce María Beatriz Candia, una adolescente de 17 años, conmocionó a la ciudad de Eldorado, Misiones, y puso en evidencia graves falencias en la respuesta institucional ante casos de violencia de género. Dulce desapareció el 17 de mayo y su cuerpo fue hallado once días después en una obra en construcción, a pocas cuadras de su domicilio.
La investigación judicial avanzó rápidamente tras la detención de Mario Alberto Y., un remisero de 46 años con antecedentes penales, quien fue imputado por femicidio. Según fuentes judiciales, registros telefónicos ubicaron al sospechoso en las inmediaciones del lugar del hallazgo, y testigos lo vieron discutiendo con la víctima horas antes del crimen. Durante los allanamientos, la policía secuestró celulares y chips que serán peritados para esclarecer los hechos.
La autopsia determinó que Dulce murió por asfixia mecánica entre el 21 y el 22 de mayo. La familia denunció demoras y obstáculos para radicar la denuncia de desaparición, lo que retrasó la activación de los protocolos de búsqueda. "Si la hubieran buscado antes, le salvaban la vida", lamentaron allegados y especialistas.
El caso generó una fuerte reacción social. Vecinos y organizaciones feministas marcharon para exigir justicia y señalaron la falta de políticas públicas y la desprotección estatal, especialmente tras el cierre de organismos de género y asistencia. "No es solo un crimen, es un abandono institucional", afirmó una abogada feminista.
La familia Candia, que vive en condiciones de extrema vulnerabilidad, recibió apoyo de la comunidad, pero reclama respuestas y protección. El femicidio de Dulce se suma a otros casos recientes en Misiones, donde la tasa de violencia de género sigue siendo alarmante. El debate sobre la responsabilidad estatal y la necesidad de protocolos efectivos continúa abierto, mientras la investigación judicial sigue su curso.
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