La Fundación Faro, el think tank más cercano al oficialismo de La Libertad Avanza, enfrenta una investigación de la Inspección General de Justicia (IGJ) que ha puesto en evidencia las tensiones internas del gobierno nacional. El organismo, actualmente bajo la órbita de Karina Milei, intimó a la fundación presidida por Agustín Laje a revelar la identidad de los donantes que aportaron casi $5.000 millones durante 2024, una cifra que supera ampliamente los antecedentes de financiamiento privado en la política argentina.

El requerimiento de la IGJ se fundamenta en la normativa que obliga a identificar a los donantes que superen el equivalente a 40 salarios mínimos. Sin embargo, el balance presentado por Faro ante la IGJ no incluyó esa información, lo que motivó el pedido formal y abrió un nuevo capítulo en la interna entre los sectores liderados por Karina Milei y Santiago Caputo. Desde el entorno de Caputo, el episodio es visto como una ofensiva política, mientras que el karinismo lo minimiza y lo atribuye a un trámite administrativo habitual.

La Fundación Faro, que hasta 2024 operaba bajo el nombre de Fundación Valorar, experimentó un crecimiento patrimonial exponencial tras el recambio de autoridades. En apenas un año, su patrimonio pasó de $12 millones a más de $4.300 millones, y sus ingresos se multiplicaron 78 veces. Parte de esos fondos se destinaron a publicidad política en redes sociales, donde la fundación se posicionó como el segundo mayor inversor del país, solo por detrás de la Jefatura de Gabinete.

El financiamiento de la fundación se apoya en eventos exclusivos, como cenas en el Yacht Club Puerto Madero, donde participaron empresarios de primera línea y el propio presidente Javier Milei. Sin embargo, la falta de transparencia sobre la identidad de los aportantes y el destino de algunos fondos ha generado cuestionamientos tanto en la oposición como en sectores del oficialismo.

La investigación de la IGJ se produce en un contexto de disputas internas por el control de la estrategia electoral y la designación de jueces, en la antesala de las elecciones de 2027. Mientras tanto, la Fundación Faro sostiene que todos sus aportes son legales y bancarizados, y que cumple con los requisitos de transparencia exigidos por la ley. El desenlace de este episodio podría tener implicancias significativas para la dinámica interna del oficialismo y para el debate sobre la transparencia en el financiamiento político en Argentina.