Enero se perfila como un mes de alta tensión cambiaria en Argentina, en línea con la tendencia histórica de subas del dólar durante este período. Según datos de la última década, el dólar aumentó en promedio un 8,5% en enero respecto a diciembre, y en años pares no electorales, el incremento fue aún mayor, alcanzando un 11,8%. Para 2026, la presión se intensifica debido a vencimientos de deuda en moneda extranjera por más de 4.200 millones de dólares, lo que representa el 10% de las reservas brutas del Banco Central.

El gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, enfrenta el desafío de contener la cotización del dólar en un contexto de reservas netas negativas, que rondan los 16.000 millones de dólares. Para ello, ha recurrido a la emisión de títulos ajustables por tipo de cambio, ventas de dólares del Tesoro y operaciones de contratos de dólar futuro. Sin embargo, el financiamiento obtenido recientemente a través del Bonar 2029 no alcanzó la meta prevista y la tasa de interés fue superior a la esperada, lo que complica aún más el panorama financiero.

El Fondo Monetario Internacional ha exigido al gobierno modificar el esquema de bandas cambiarias a partir de enero, lo que podría derivar en una cotización mayorista del dólar cercana a los 1.565 pesos a fin de mes. Esta recalibración, aunque podría contribuir a la acumulación de reservas y a la reducción del riesgo país, genera preocupación por su impacto en la inflación y el consumo interno. "Teníamos claro que por el tipo de ajuste que estábamos haciendo, era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre, por lo tanto, era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto", admitió el presidente Milei en un discurso ante empresarios.

El contexto internacional y la fragilidad de las cuentas externas argentinas agravan la situación, mientras el gobierno busca alternativas como privatizaciones y nuevos acuerdos con bancos internacionales para reforzar la oferta de divisas. No obstante, la baja de retenciones al sector agroexportador y el ajuste fiscal generan tensiones sociales por la pérdida de poder adquisitivo y la caída del consumo. El desenlace de este escenario dependerá de la capacidad oficial para equilibrar las demandas del mercado, las exigencias del FMI y las necesidades de la economía real.