El escándalo por la criptomoneda $LIBRA ha sacudido al gobierno argentino y puesto bajo la lupa la relación entre el presidente Javier Milei, su entorno y empresarios del sector cripto. La operatoria comenzó a gestarse meses antes del lanzamiento oficial, con reuniones y acuerdos confidenciales entre Milei, su hermana Karina y el empresario estadounidense Hayden Davis, quien fue designado asesor ad honorem en temas de blockchain e inteligencia artificial.

El 14 de febrero de 2025, Milei promocionó públicamente el token $LIBRA en sus redes sociales, lo que provocó una suba abrupta de su valor. Sin embargo, en menos de una hora, el precio se desplomó, dejando a miles de inversores con pérdidas significativas. Investigaciones periodísticas y un informe de la Comisión Especial del Congreso revelaron que, minutos antes del tuit presidencial, se realizaron compras masivas de $LIBRA desde decenas de billeteras, sugiriendo el uso de información privilegiada.

La trama financiera incluye transferencias millonarias en criptomonedas entre Davis, Novelli, Terrones Godoy y otros allegados al poder. Se documentaron movimientos de dinero en efectivo y el vaciado de cajas de seguridad por parte de familiares de los involucrados, coincidiendo con el colapso del token. La Justicia investiga si estos fondos constituyeron pagos indirectos a funcionarios públicos.

El gobierno ha evitado responder a los pedidos de información tanto del Congreso como de la prensa. Milei ha negado cualquier responsabilidad, calificando las acusaciones como "chismes de peluquería" y desligando a su administración de los hechos. Sin embargo, la Comisión del Congreso sostiene que la evidencia es contundente y exige que el presidente y su entorno sean citados a declarar.

El caso $LIBRA se inscribe en un contexto de creciente preocupación por la transparencia y la corrupción en la administración pública argentina. La falta de avances judiciales y la resistencia del Ejecutivo a colaborar han generado críticas de la oposición y de sectores de la sociedad civil, que reclaman una investigación a fondo y sanciones ejemplares si se comprueba la responsabilidad de funcionarios.

A medida que la causa avanza, el escándalo continúa impactando en la imagen del gobierno y en el debate sobre la regulación de las criptomonedas y la ética en la función pública.