El abogado penalista Iván Carlos Méndez fue detenido en Rosario tras ser acusado de actuar como intermediario y facilitador de comunicaciones entre capos narcos alojados en cárceles federales bajo el régimen de alto riesgo. La investigación, liderada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y el Servicio Penitenciario Federal, reveló que Méndez utilizaba su condición de abogado para triangular mensajes y coordinar negocios ilícitos desde el interior de los penales, eludiendo los controles establecidos para los reclusos más peligrosos del país.

Según la acusación, Méndez no ejercía defensa técnica ni diseñaba estrategias procesales para sus clientes, sino que garantizaba la comunicación de los condenados con el exterior, permitiendo que las organizaciones criminales continuaran operando desde la cárcel. Entre los presos asistidos por Méndez figuran Mario Segovia, conocido como "El rey de la efedrina"; Martín Lanatta, condenado por el triple crimen de General Rodríguez; Julio Rodríguez Granthon, narcotraficante peruano; y líderes de la banda de Los Monos, entre otros.

La investigación se inició tras una denuncia del Servicio Penitenciario Federal, que advirtió sobre comunicaciones prohibidas y la planificación de delitos desde prisión. Las pruebas incluyen escuchas telefónicas, grabaciones de visitas y documentos que evidencian la intermediación de Méndez en la venta de propiedades y la coordinación de cargamentos de drogas. Se determinó que el abogado cobraba entre 3.000 y 4.000 dólares mensuales, o 500 dólares por mensaje, por sus servicios de mensajería y gestión de bienes de origen ilícito.

En los allanamientos realizados en domicilios vinculados a Méndez, se incautaron armas de alto calibre, municiones, drogas, vehículos y dispositivos electrónicos. El juez federal Carlos Vera Barros dictó prisión preventiva por seis meses, plazo considerado suficiente para avanzar en la investigación y peritar los celulares secuestrados.

Fiscales y autoridades penitenciarias subrayaron el abuso de la profesión y el riesgo que representa para la seguridad pública. "La relación del acusado Méndez con los presos de alto perfil no tiene nada que ver con el ejercicio de la abogacía. Lo que hace es garantizar la comunicación de los condenados con el exterior y asegurar que las organizaciones criminales sigan funcionando desde la cárcel", afirmaron los fiscales.

El caso pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema penitenciario ante la infiltración de profesionales y la necesidad de reforzar los controles para evitar que las redes delictivas continúen operando desde prisión. La investigación sigue en curso para determinar el alcance de la red criminal y las responsabilidades de los distintos involucrados.