La crisis política y económica en Argentina se ha profundizado en septiembre de 2025, con una aceleración de los acontecimientos que pone en riesgo la estabilidad del gobierno de Javier Milei. En los últimos días, el Banco Central se vio obligado a vender cerca de 400 millones de dólares en una sola jornada para intentar contener la escalada del dólar, que superó los $1.500 en algunos bancos privados. Esta intervención, sin precedentes recientes, refleja la gravedad de la situación financiera y la presión de los mercados, que también se tradujo en un aumento del riesgo país a 1.453 puntos, uno de los más altos del mundo.

La crisis se precipitó tras una derrota parlamentaria del oficialismo, que debilitó aún más la posición de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. Las internas en el gobierno, sumadas a la fragmentación de los aliados y la presión de empresarios y gobernadores, han generado un clima de incertidumbre y tensión política. Caputo, en conversaciones con Milei, planteó dos alternativas para enfrentar la crisis cambiaria: liberar el precio del dólar, lo que podría disparar la inflación, o reponer el cepo cambiario, una medida contraria al libre mercado que defiende el gobierno. Ninguna de las opciones parece tener consenso ni garantías de éxito.

En este contexto, el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de Estados Unidos mantienen negociaciones con el gobierno argentino, pero exigen el cumplimiento estricto de los acuerdos y ajustes fiscales más profundos tras las elecciones de octubre. El FMI ha sido flexible hasta ahora, permitiendo el uso de fondos para sostener la estabilidad, pero advierte que no se permitirá financiar la fuga de capitales. Empresarios y técnicos del organismo han sugerido cambios en el gabinete y en la política económica para evitar un colapso mayor.

Mientras tanto, la economía real muestra signos de recesión. El Indec reporta una caída intertrimestral del 0,1% y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo señala una pérdida significativa de empleadores y puestos de trabajo registrados. El presupuesto 2026 presentado por el gobierno proyecta un crecimiento que pocos consideran factible, y la recaudación fiscal sigue cayendo, lo que amenaza con nuevos recortes en áreas sensibles como salud y educación.

La oposición política y sectores sindicales critican el ajuste permanente y la falta de respuestas a la crisis social. Desde la izquierda, se reclama una ruptura con el FMI y medidas de emergencia en favor de los trabajadores. El escenario se mantiene incierto, con riesgo de una devaluación abrupta y mayor conflictividad social en las semanas previas a las elecciones legislativas.