El cierre de la fábrica de cerámicos ILVA en Pilar, una de las más importantes del país, generó un conflicto laboral que involucra a más de 300 trabajadores despedidos. La empresa, afectada por la caída del consumo interno y la apertura de importaciones, decidió cesar sus operaciones a comienzos de septiembre, dejando a cientos de empleados sin trabajo y sin el pago de indemnizaciones y salarios adeudados.

La situación se agravó cuando, pese a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, la empresa no presentó ninguna propuesta de pago en las audiencias oficiales. Los trabajadores, acompañados por representantes gremiales, realizaron protestas y piquetes, incluyendo un corte de casi tres horas en la autopista Panamericana, que fue levantado pacíficamente tras la intervención de la Gendarmería Nacional.

El conflicto tomó estado público cuando los empleados denunciaron que la empresa intentó justificar los despidos bajo el artículo 247 del Procedimiento Preventivo de Crisis, que permite pagar solo la mitad de la indemnización, pero ni siquiera cumplió con ese mínimo. “Estamos en una situación de calle, sin trabajo y sin saber qué va a pasar con nosotros”, expresó Jonatan, delegado de los trabajadores, en declaraciones radiales.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente de Pilar, Federico Achával, visitaron a los trabajadores y manifestaron su apoyo, comprometiéndose a gestionar soluciones para resguardar los empleos. “Estamos del lado de los trabajadores y vamos a acompañarlos en todo momento para defender cada puesto de trabajo”, afirmó Kicillof.

El caso de ILVA se inscribe en una crisis más amplia que afecta a la industria ceramista, con caídas en las ventas de entre el 25% y el 30% y una mayor competencia de productos importados. Gremios y empresarios advierten que la situación podría replicarse en otras plantas del sector, mientras los trabajadores de ILVA mantienen la esperanza de una solución que les permita recuperar sus fuentes de ingreso.

Por el momento, la incertidumbre persiste y más de 300 familias esperan una respuesta concreta de la empresa y de las autoridades para resolver el conflicto y evitar que se profundice la crisis laboral en la región.