Rechazan la apelación del gobierno local al fallo sobre la Patrulla Municipal
• La Justicia de Mar del Plata confirmó el fallo que prohíbe a la Patrulla Municipal realizar operativos violentos contra personas en situación de calle. • Rechazaron la apelación del municipio y ratificaron la protección de derechos fundamentales. #Justicia #MarDelPlata



La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata confirmó la sentencia que prohíbe a la Patrulla Municipal realizar operativos que impliquen violencia física o verbal contra personas en situación de calle. El fallo, emitido por los jueces Gastón de Marco y Adrián Angulo, ratifica la decisión del juez Juan Tapia y rechaza la apelación presentada por el municipio de General Pueyrredón.
La resolución judicial responde a un habeas corpus colectivo impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria, que denunció la sistematicidad y repetición de conductas violentas por parte de agentes municipales. Según el tribunal, los testimonios y videos presentados en la causa acreditan el riesgo actual o inminente de vulneración de derechos fundamentales, lo que justifica la intervención judicial.
El municipio, a través de su secretario de Legal y Técnica, Mauro Martinelli, argumentó que la sentencia excede el control judicial razonable y afecta la organización y operatividad de la administración local. Además, sostuvo que la medida vulnera el principio de división de poderes y el interés público. Sin embargo, la Justicia desestimó estos argumentos, señalando que la orden no impide la actividad de la Patrulla Municipal, sino que exige que se realice dentro del marco de respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales.
El fallo también prohíbe la sustracción de documentos u objetos personales a las personas en situación de calle, enfatizando que estas obligaciones son inherentes a todo funcionario público. La fiscalía general respaldó la decisión, recordando que ningún agente municipal puede ejercer violencia innecesaria ni apropiarse de pertenencias ajenas, independientemente de la existencia de un fallo judicial.
La decisión judicial fue celebrada por organismos de derechos humanos, mientras que el municipio mantiene su postura crítica. El caso se inscribe en un contexto de creciente debate sobre el rol de las fuerzas municipales y la protección de los derechos de los sectores más vulnerables en la ciudad.
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