El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 575/2025, dictado por el Gobierno nacional, que transfiere al Poder Ejecutivo la administración de bienes decomisados en causas de corrupción, delitos económicos y crimen organizado, generó una fuerte preocupación entre los jueces federales de Argentina. Presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones y magistrados de todo el país expresaron, a través de comunicados oficiales, su inquietud por el impacto institucional y legal de la medida.

Según los jueces, el DNU introduce contradicciones normativas y superposiciones regulatorias que podrían afectar la transparencia y el destino de los recursos judiciales. "Advertimos con preocupación las dificultades que se presentarán frente a la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 575/2025", señalaron en el comunicado, y agregaron que la norma "genera interrogantes, contradicciones y superposiciones regulatorias que atentan contra los mismos propósitos que inspiraron su dictado".

Los magistrados remarcaron que el decreto soslaya el trabajo realizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desde 1991 mantiene un reglamento para la administración de bienes decomisados. Además, advirtieron que la medida podría afectar la Ley de Autarquía Judicial, que reserva a los jueces la administración de sus recursos y presupuesto. "El nuevo régimen jurídico podría alterar el destino final al que deberían asignarse los fondos propios del Poder Judicial", indicaron.

En el mismo encuentro, los jueces federales defendieron la institucionalidad y la independencia funcional del Poder Judicial, repudiando las descalificaciones y afrentas recibidas por la Corte Suprema. "Las meras descalificaciones, así como las constantes afrentas que ha recibido la Corte Suprema menoscaban la función jurisdiccional y la independencia del Poder Judicial, en exclusivo desmedro de la administración de justicia y del Estado democrático de derecho", afirmaron.

La reunión también abordó la situación de la jueza federal de Rosario, Natalia Martínez, quien sufrió una intimidación en su domicilio. Los magistrados manifestaron su solidaridad y exigieron una investigación exhaustiva, además de medidas para garantizar la seguridad de la magistrada y de todos los integrantes del Poder Judicial.

Finalmente, los jueces propiciaron el diálogo institucional entre todos los actores involucrados, instando a adoptar acciones concretas para arribar a soluciones integrales. Reiteraron la necesidad de cubrir vacantes judiciales y defendieron la unidad en defensa de la justicia y la paz social frente a amenazas e intimidaciones. El debate sobre la administración de bienes decomisados se da en un contexto de reformas judiciales y tensiones por la implementación del nuevo sistema acusatorio.