El Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de Florencio Varela fue escenario de graves incidentes tras la absolución de Valentino Perrone, acusado de provocar la muerte de Maia Spinelli, una adolescente de 17 años, en un accidente de tránsito ocurrido en 2024. El veredicto de no culpabilidad, dictado por un jurado popular, generó una violenta reacción por parte de familiares y allegados de la víctima.

Según la investigación, Maia Spinelli viajaba como acompañante en un vehículo conducido por Perrone cuando ocurrió el siniestro en la intersección de avenida Eva Perón y 12 de Octubre. La fiscalía había sostenido que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol y que su accionar fue determinante en la muerte de la joven. Sin embargo, el jurado popular, compuesto por 12 titulares y 6 suplentes, no alcanzó la mayoría de votos necesarios para una condena, lo que resultó en la absolución del acusado.

La lectura del fallo, que se realizó en la madrugada, desató momentos de extrema tensión. Familiares y allegados de la víctima, disconformes con la decisión, arrojaron piedras, rompieron vidrios y dañaron vehículos en las inmediaciones del tribunal. Además, intentaron incendiar papeles y cortinas dentro del edificio, mientras funcionarios, empleados y jurados permanecían en el interior buscando resguardo. El juez Santiago Zurzolo resultó herido por un ladrillazo en el pecho y sufrió cortes por astillas de vidrio. Otros funcionarios y jurados también sufrieron daños materiales y amenazas, incluyendo la difusión de datos personales en redes sociales.

La gravedad de los hechos motivó el repudio de la Asociación Judicial Bonaerense y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Quilmes, quienes exigieron medidas urgentes para garantizar la seguridad del personal judicial y la integridad de los edificios. Ambas entidades remarcaron que la absolución fue decisión de un jurado popular y alertaron sobre el riesgo de naturalizar la violencia contra el sistema judicial, subrayando la importancia de resguardar la independencia y el funcionamiento democrático de la justicia.

El caso reavivó el debate sobre la seguridad en los tribunales bonaerenses, especialmente tras incidentes similares ocurridos en otros distritos. Las autoridades judiciales solicitaron la suspensión de términos procesales y la implementación de medidas de resguardo hasta que se garantice la seguridad necesaria para el normal funcionamiento del tribunal.