El Gobierno nacional decidió postergar nuevamente la implementación del sistema procesal acusatorio en los tribunales federales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires. La nueva fecha fijada para la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal es el 27 de abril de 2026, según confirmaron fuentes oficiales y judiciales. La medida fue adoptada por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, ante la licencia del ministro Mariano Cúneo Libarona, y responde a los reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal y la Procuración General de la Nación.

El principal argumento para la postergación es la falta de condiciones materiales y humanas para garantizar el correcto funcionamiento del nuevo sistema. Actualmente, el 32,5% de los cargos de jueces nacionales y federales están vacantes, mientras que en el Ministerio Público Fiscal la cifra asciende al 46,8%. Los fiscales han señalado la necesidad de mayor inversión en infraestructura, tecnología y recursos humanos, así como la urgencia de cubrir los cargos vacantes para poder asumir el nuevo rol que les otorga el sistema acusatorio.

El sistema acusatorio, aprobado en 2014, ya funciona en otras jurisdicciones del país y busca modernizar la justicia penal, otorgando a los fiscales la responsabilidad principal de la investigación y reservando a los jueces el rol de garantes del proceso. Sin embargo, la implementación en la Ciudad de Buenos Aires ha encontrado resistencias debido a la crisis de recursos y vacantes en el sistema judicial.

El procurador general interino, Eduardo Casal, reiteró en declaraciones públicas que "nadie está en contra del sistema acusatorio", pero advirtió que "no están dadas las condiciones para su puesta en marcha". Organizaciones como el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales (INECIP) criticaron la nueva postergación y la asociaron con una "señal de impunidad".

La reforma del sistema procesal penal es considerada uno de los mayores desafíos jurídicos del país. Su implementación plena en la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires dependerá de la capacidad del Estado para resolver los problemas estructurales de vacantes y recursos, así como del compromiso político para avanzar en la modernización del sistema judicial.