Las elecciones legislativas nacionales de Argentina, previstas para el 26 de octubre de 2025, definirán la renovación de 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. Este proceso electoral se presenta como un punto de inflexión para el gobierno de Javier Milei, que busca consolidar su fuerza parlamentaria y avanzar con reformas estructurales.

En total, 125 fuerzas políticas competirán en los 24 distritos del país, con 57 alianzas registradas ante la Justicia Nacional Electoral. La configuración de frentes varía significativamente entre provincias, reflejando una estrategia de adaptación a los liderazgos locales y la fragmentación del sistema político argentino. La Libertad Avanza (LLA), fuerza oficialista, logró personería en todas las jurisdicciones y estableció alianzas con el PRO y la UCR en 16 provincias, mientras que en otras compite en solitario. En Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, los acuerdos entre LLA y PRO se concretaron tras intensas negociaciones, aunque en distritos como Río Negro y Santa Fe las alianzas se rompieron, dando lugar a listas separadas.

El peronismo, bajo el sello Fuerza Patria y variantes provinciales, presenta candidatos en todo el país, pero la oferta está fragmentada por disputas internas y la intervención del PJ nacional en varios distritos. Provincias Unidas, impulsado por gobernadores de diferentes partidos, busca romper la polarización entre LLA y el kirchnerismo, presentando listas propias en 16 provincias y apoyando candidaturas en territorios donde no gobiernan.

La campaña electoral se caracteriza por la proliferación de acuerdos insólitos, fusiones pragmáticas y la presencia de partidos municipales en frentes nacionales. El debut de la boleta única de papel en todo el país modifica la dinámica de fiscalización y visibilidad de las propuestas, mientras que la fragmentación partidaria anticipa un Congreso más dividido y negociaciones permanentes para la aprobación de leyes.

Analistas políticos advierten que el resultado de estas elecciones será determinante para la gobernabilidad y el rumbo de las reformas impulsadas por el oficialismo. Los gobernadores consideran la contienda como una prueba de fuerza frente a la centralización libertaria y un ensayo crucial para las presidenciales de 2027. En este contexto, la Argentina se encamina hacia un Parlamento de coaliciones inestables, donde la gobernabilidad dependerá de acuerdos puntuales y la capacidad de adaptación de las fuerzas políticas.