Una explosión de gran magnitud sacudió el polo industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza, el pasado 14 de noviembre, dejando un cráter y destruyendo instalaciones de al menos una decena de empresas. El siniestro, que se originó en el depósito 7 de Logischem S.A., dedicado al almacenamiento de productos químicos peligrosos, generó una onda expansiva que se sintió hasta 15 kilómetros a la redonda y provocó daños en viviendas y comercios cercanos.

Según los primeros informes, la explosión se habría desencadenado por una pérdida de peróxido que, al no ser limpiada adecuadamente, reaccionó con madera y otros químicos almacenados en el mismo sector, como fósforo rojo y blanco. La combinación de estas sustancias, sumada a la falta de contención y protocolos de seguridad, habría creado el escenario perfecto para el desastre. Testimonios de empleados y especialistas señalan que la reciente renovación de personal y la falta de capacitación en seguridad e higiene fueron factores determinantes.

El fuego avanzó rápidamente, destruyendo galpones de empresas como Iron Mountain, Lagos Plásticos, El Bahiense, Larroca Minería y otras. La destrucción total del depósito de Iron Mountain, donde se resguardaba documentación sensible, reavivó sospechas debido a antecedentes de incendios en la firma, como el ocurrido en 2014 en Barracas. "La función de Iron Mountain es desaparecer información caliente", declaró el ingeniero Edgardo Castro, quien participó en peritajes anteriores.

Las pericias judiciales y de bomberos continúan para determinar si el hecho fue accidental, producto de negligencia o intencional. Sin embargo, la devastación del predio y la alta toxicidad dificultan la recolección de pruebas. "Solo se podrá peritar el epicentro, el resto es tierra arrasada", advirtió Castro.

En respuesta a la emergencia, el intendente de Ezeiza y autoridades provinciales se reunieron con empresarios afectados para analizar medidas de alivio, como exenciones impositivas y líneas de crédito. Se estima que entre 500 y 800 puestos de trabajo están comprometidos, y se buscan alternativas para evitar una crisis laboral y productiva en la zona.

El caso sigue bajo investigación, mientras la comunidad y los actores involucrados exigen respuestas y mayores controles de seguridad en el manejo de sustancias peligrosas.