Las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, previstas para el próximo 7 de septiembre, se desarrollarán en un clima de marcada desafección ciudadana y polarización política. En esta jornada, se renovarán 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado provincial, además de cargos municipales como concejales y consejeros escolares. El proceso electoral se realiza de manera desdoblada respecto a las elecciones nacionales, lo que añade complejidad y confusión entre los votantes.

Para garantizar la transparencia, el Gobierno provincial implementará por primera vez un sistema digital de triple chequeo en la apertura de más de 40.000 mesas distribuidas en todo el territorio bonaerense. El operativo estará a cargo del Ministerio de Seguridad, que desplegará más de 34.000 efectivos entre policías provinciales y fuerzas federales. Además, la Junta Electoral bonaerense ratificó el protocolo para la reposición de boletas, estableciendo que la responsabilidad recae exclusivamente en cada partido político.

El voto es obligatorio para la mayoría de los ciudadanos, quienes deberán justificar su ausencia ante la Justicia Electoral en caso de no concurrir. Las sanciones incluyen multas de entre 1.000 y 2.000 pesos argentinos, restricciones administrativas y la inhabilitación para asumir cargos públicos. Sin embargo, el voto es optativo para adolescentes de 16 y 17 años y para mayores de 60, quienes no están sujetos a sanciones.

El contexto político está marcado por la baja motivación ciudadana, la crisis económica y el impacto de un reciente escándalo por presuntas coimas que involucra a figuras del oficialismo nacional. Según relevamientos, la imagen presidencial ha sufrido una caída y la preocupación por la corrupción ha aumentado, aunque la noticia tardó en instalarse entre la población. La abstención podría superar el 50%, lo que genera inquietud entre las autoridades y podría afectar al oficialismo provincial.

En la campaña, la figura presidencial de La Libertad Avanza domina la escena, mientras el peronismo apuesta a la gestión local y provincial, apoyado por una red de intendentes que controlan la mayoría de los distritos. El radicalismo, por su parte, busca posicionarse en el centro político, aunque enfrenta divisiones internas. La polarización y la narrativa "casta-anticasta" continúan presentes, aunque su impacto en la decisión de los votantes es incierto.

Consultores advierten que la apatía y la desconfianza podrían definir el resultado de la elección, y que el desenlace tendrá implicancias directas en el escenario político de cara a las elecciones generales de octubre. El oficialismo provincial busca capitalizar el escándalo para movilizar a su base, mientras libertarios y peronistas utilizan el contexto mediático para reforzar sus mensajes. El resultado de la jornada podría reconfigurar el mapa político bonaerense y nacional.