El juez Onildo Osvaldo Stemphelet, quien ocupa un puesto clave en el Juzgado de Ejecución Penal de Bahía Blanca, se encuentra en el centro de una polémica que involucra tanto su desempeño profesional como su vida personal. Stemphelet ha sido señalado por la alta frecuencia con la que sus fallos son revocados por instancias superiores, especialmente aquellos que otorgan beneficios penitenciarios a condenados por delitos graves, como abuso sexual y homicidio.

Recientemente, el juez fue protagonista de un escándalo tras denunciar el robo de dinero y una tarjeta de crédito durante un encuentro con una trabajadora sexual. El incidente derivó en un allanamiento dirigido por el propio magistrado, sin orden judicial, lo que fue considerado un abuso de autoridad. La Suprema Corte bonaerense decidió licenciarlo de inmediato por "presuntas infracciones a las normas éticas de convivencia social" y "conductas impropias de un magistrado".

El caso llegó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde la votación para su destitución terminó empatada, permitiendo que Stemphelet fuera restituido en su cargo. Sin embargo, la Procuración General y el fiscal general de Bahía Blanca han continuado presentando denuncias por irregularidades en su accionar, señalando que en al menos 26 causas el juez habría violado normas para otorgar beneficios a personas condenadas por delitos extremadamente graves.

El accionar de Stemphelet ha generado fuerte malestar entre familiares de víctimas y funcionarios judiciales, quienes cuestionan la legalidad y ética de sus decisiones. "Stemphelet no puede ser juez, viola la ley para liberar presos", advirtió el fiscal general Juan Pablo Fernández. Por su parte, el juez ha defendido su postura, argumentando que actúa con honestidad y transparencia, aunque reconoce el impacto negativo que el escándalo ha tenido en su vida personal y profesional.

El caso sigue abierto, con recursos extraordinarios en trámite y nuevas denuncias en curso. La situación plantea interrogantes sobre el control y la transparencia en el sistema judicial, así como sobre la protección de los derechos de las víctimas y la responsabilidad de los magistrados. El desenlace podría tener implicaciones significativas para la administración de justicia en Bahía Blanca y la provincia de Buenos Aires.