El Gobierno nacional oficializó la derogación del Decreto 515/2014, que mantenía al historiador Norberto Galasso como Embajador de la Cultura Popular Argentina, con rango de subsecretario. La medida, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Lisandro Catalán, responde a la política de austeridad y revisión de cargos simbólicos en la administración pública.

El decreto original, emitido en 2014 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, reconocía la trayectoria de Galasso en la investigación histórica y la divulgación cultural, otorgándole un cargo honorífico que no implicaba funciones operativas específicas. Durante más de una década, Galasso percibió una remuneración mensual financiada por partidas presupuestarias de la Secretaría de Cultura.

En los fundamentos de la derogación, el Ejecutivo subrayó la necesidad de garantizar una gestión pública "transparente, ágil, eficiente y de calidad" y de revisar permanentemente la pertinencia de los cargos existentes en la Administración Pública Nacional. "El proceso de evaluación de competencias asignadas a las distintas jurisdicciones y entidades motivó la adopción de medidas orientadas a reducir el gasto y optimizar los recursos públicos", sostiene el texto oficial.

Norberto Galasso, de 89 años, expresó su malestar por la decisión, señalando que la derogación lo deja sin ingresos y sin jubilación, ya que había suspendido el trámite para percibir la jubilación mínima al asumir el cargo en 2014. "Esto es una persecución de parte del gobierno a un ensayista nacional", afirmó Galasso en diálogo con Página12, y agregó que la medida no le fue comunicada personalmente.

El cargo de Embajador de la Cultura Popular Argentina fue creado como reconocimiento institucional a figuras emblemáticas, como la actriz Isabel "La Coca" Sarli, quien lo ocupó previamente. La decisión de eliminar este tipo de distinciones se inscribe en una tendencia de revisión de cargos honoríficos y reducción de gastos en el Estado, generando debate sobre el rol estatal en la promoción y reconocimiento de la cultura popular.

Sectores culturales y medios afines consideran la derogación como un agravio y persecución a una figura histórica, mientras que el Gobierno sostiene que la medida es parte de una política de austeridad y eficiencia administrativa. El caso de Galasso reabre la discusión sobre la legitimidad y el impacto de los reconocimientos oficiales en el ámbito cultural argentino.