Víctor Vargas, un hombre de 35 años que residía en un hotel del barrio de Constitución, falleció el 1 de enero tras permanecer cuatro días internado en el Hospital Ramos Mejía. Vargas había sido baleado por efectivos de la Policía de la Ciudad el pasado 28 de diciembre, en un hecho que reavivó las denuncias por violencia institucional y uso excesivo de la fuerza en la capital argentina.

El episodio ocurrió alrededor de las 14:30 en la intersección de Salta y Constitución, cuando personal de la Comisaría Vecinal 1C intervino en una pelea callejera entre Vargas y otro hombre en situación de calle. Según la versión policial, Vargas habría estado armado con un cuchillo y se abalanzó sobre uno de los agentes, quien respondió disparando su arma reglamentaria. Vargas recibió al menos tres impactos de bala y fue trasladado de urgencia al hospital, donde fue diagnosticado con muerte cerebral.

Testigos y organizaciones sociales, como AMMAR, denuncian que la intervención policial fue desproporcionada y que el accionar de los efectivos constituye un nuevo caso de "gatillo fácil". "No nos vamos a acostumbrar. No es un exceso, fue una bala a la cara y dos al torso. El policía tiró a matar. Lo mataron por pobre y marrón", expresó Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR, en redes sociales.

La investigación judicial continúa, con la apertura de un sumario y la realización de peritajes. La causa fue caratulada inicialmente como “atentado a la autoridad y averiguación de lesiones”, lo que generó críticas de familiares y organizaciones de derechos humanos, quienes exigen que se investigue como homicidio.

El caso de Vargas se suma a otros episodios recientes de violencia policial en la Ciudad de Buenos Aires, como el asesinato de Gabriel González en Villa Lugano. Informes del Ministerio Público de la Defensa porteño advierten que la Comisaría 1C es una de las que más hechos de violencia institucional registra en la ciudad. Desde la creación de la Policía de la Ciudad en 2017, se contabilizan 168 víctimas de "gatillo fácil".

El hecho ha generado protestas y movilizaciones en Constitución, así como un renovado debate sobre las políticas de seguridad y el control del accionar policial en la Ciudad de Buenos Aires. Organizaciones sociales y legisladores reclaman reformas urgentes y mayor transparencia en las investigaciones de casos de violencia institucional.