El Gobierno nacional promulgó el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, tras su aprobación en el Senado el pasado 26 de diciembre. Se trata del primer presupuesto sancionado bajo la gestión de Javier Milei, que marca un cambio de rumbo en la política fiscal argentina luego de años de prórrogas y déficits.

La normativa, publicada en el Boletín Oficial, prevé un gasto total de $148 billones y proyecta un superávit primario de entre 1,2% y 1,5% del PBI, con una inflación estimada en 10,1% y un dólar a $1423 para diciembre de 2026. El mayor porcentaje del gasto estará destinado a servicios sociales, con $106,5 billones, seguido por el pago de la deuda pública y servicios económicos. El presupuesto también asigna $4,78 billones a universidades nacionales, aunque los fondos se mantendrán congelados respecto al año anterior, lo que generó críticas de rectores y sectores políticos.

La Ley de Inocencia Fiscal, promulgada en paralelo, introduce modificaciones al régimen penal tributario. Permite a los contribuyentes utilizar ahorros no declarados hasta $100 millones sin sanciones, siempre que no sean grandes contribuyentes. La norma no implica un blanqueo de capitales ni elimina impuestos, pero flexibiliza los controles para pequeños y medianos contribuyentes, buscando incentivar la bancarización de dólares fuera del sistema formal.

El debate parlamentario estuvo marcado por la controversia en torno a los recortes en educación, ciencia y programas ambientales. Rectores universitarios y gobernadores expresaron su preocupación por el impacto de los ajustes, mientras que el oficialismo defendió la necesidad de disciplina fiscal para alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas. "La posición de algunos senadores es incomprensible", señaló Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, en referencia al voto favorable de legisladores santafesinos.

El Gobierno sostiene que el nuevo presupuesto representa una señal de previsibilidad y responsabilidad ante los mercados y la sociedad. Sin embargo, la oposición advierte sobre las consecuencias sociales y productivas de los recortes. El escenario político se mantiene tenso, con debates abiertos sobre el futuro de la inversión en áreas estratégicas y el rol del Estado en la protección social.