El Gobierno nacional dispuso, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, la extensión de los incrementos salariales acordados en las paritarias estatales a los ministros, secretarios, subsecretarios y otras autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional, a partir de enero de 2026. La medida, que excluye expresamente al Presidente y Vicepresidente de la Nación, establece que los aumentos estarán sujetos a la existencia de superávit fiscal: en caso de que la administración pública registre un déficit financiero acumulado, los sueldos de estas autoridades quedarán automáticamente congelados y no podrán recibir incrementos mientras persista esa situación.

Según el texto oficial, la decisión se enmarca en una etapa posterior al ajuste inicial del gasto público, que incluyó la reducción de ocho ministerios, 110 secretarías y subsecretarías, y 409 direcciones, así como la disminución de la dotación de personal estatal en unos 60.000 agentes. El ahorro anual estimado por estas medidas asciende a $3,49 billones, según datos oficiales. Además, el Gobierno destaca que, como resultado de estas políticas, la inflación interanual descendió al 31,3% en octubre de 2025 y la pobreza se redujo al 27,5% en el tercer trimestre de ese año, tras haber alcanzado el 52,9% en 2023.

El decreto también instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a diseñar e implementar un nuevo sistema de empleo público basado en mérito, evaluación de desempeño y transparencia. Asimismo, invita a los poderes Judicial y Legislativo, así como a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a replicar la medida de congelamiento de sueldos ante déficit fiscal en sus respectivas jurisdicciones.

Desde el Gobierno se sostiene que la profesionalización y la adecuación salarial de las autoridades superiores, junto con mecanismos de control y rendición de cuentas, son claves para fortalecer la integridad institucional y la eficiencia del Estado. Hasta el momento, no se han registrado reacciones públicas de sindicatos ni de la oposición respecto a la medida. El decreto entra en vigencia a partir de su publicación.