El gobierno nacional, bajo la presidencia de Javier Milei, oficializó la designación de 46 jueces nacionales y federales, junto a cuatro conjueces, cuatro defensores oficiales y un fiscal, en una medida publicada en el Boletín Oficial. Además, el Ejecutivo envió al Senado 21 nuevos pliegos de candidatos para cubrir vacantes en distintos fueros, alcanzando un total de 170 propuestas judiciales en los últimos cuatro meses.

Sin embargo, la decisión de excluir a la jueza María Verónica Michelli, cuyo pliego había sido aprobado por el Senado, generó controversia. Michelli fue propuesta para integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata, pero su nombramiento fue objetado por el Ejecutivo. Según fuentes oficiales, la razón es que el tribunal aún no está habilitado, argumento que también se aplicó a otros tres candidatos en situación similar. "El cargo de la doctora Michelli es un tribunal que no está habilitado, como el de otros candidatos propuestos. Es un juzgado que todavía tiene que crear la corte", explicó el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

No obstante, la exclusión de Michelli fue interpretada por sectores políticos y judiciales como un posible mensaje político, dado su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon, crítico del gobierno. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, se abstuvo en la votación y expresó: "Estoy absolutamente convencida de que no se pueden atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar".

El Senado aprobó el pliego de Michelli con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones. El trámite de nombramiento concluye con la designación formal del Ejecutivo, paso que en este caso no se concretó. El gobierno sostiene que no existe discrecionalidad y que la demora responde a la falta de habilitación de los tribunales, una situación que afecta a otros pliegos desde hace años.

El avance en las designaciones judiciales ocurre en un contexto de vacantes críticas, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, y en medio de tensiones políticas sobre la transparencia y la independencia del Poder Judicial. El debate sobre los criterios de selección y la influencia política en los nombramientos continúa abierto.