El Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario emitió este jueves un fallo histórico en el juicio por fumigaciones con agroquímicos en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Tras meses de audiencias y más de una década de denuncias, la Justicia condenó a dos funcionarios municipales por incumplimiento de deberes, pero absolvió a los productores rurales, aplicadores y técnicos acusados de contaminación ambiental.

La sentencia, dictada por los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez Da Cruz y Helena Beatriz Hilario, impuso dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos a Mario Tocalini y Guillermo Naranjo, responsables de la Dirección de Ambiente Rural del municipio. Según el tribunal, ambos desplegaron una gestión "aparente" y deficiente en el control de las aplicaciones de agroquímicos, lo que constituyó un incumplimiento sostenido de sus funciones.

En cambio, los jueces absolvieron a siete productores y técnicos, al considerar que no se logró probar su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable. "No tenemos dudas de que la exposición a agroquímicos provocó daños en la salud de vecinos de Pergamino", señalaron los magistrados, aunque aclararon que la acusación no pudo demostrar el nexo causal directo entre las conductas de los imputados y los daños denunciados.

El tribunal remarcó que su función es aplicar la ley penal y no resolver debates políticos o ambientales, y sostuvo que la protección del ambiente requiere políticas públicas y regulaciones estatales. Además, dispuso mantener las restricciones a las fumigaciones hasta que la sentencia quede firme y remitió antecedentes para investigar la eventual responsabilidad de otros funcionarios, incluido el intendente de Pergamino.

La querella y la fiscalía anunciaron que apelarán el fallo. Sabrina Ortiz, una de las principales denunciantes, expresó: "Esto es solo una instancia. No vamos a parar hasta que dejen de fumigar y hasta que paguen todo lo que hicieron". El fallo, considerado un precedente en materia ambiental, legitima la problemática denunciada por los vecinos y obliga a los municipios de la región a revisar sus mecanismos de control.

El caso deja un escenario complejo: si bien la Justicia reconoció el daño ambiental y sanitario, la dificultad para probar responsabilidades penales individuales impidió condenas a los productores. El debate sobre el uso de agroquímicos y la protección de la salud pública continúa abierto en instancias superiores y en la agenda social y política de la región.